España, un país en crisis, tiene una agenda política ajena a su precaria situación económica
El Tribunal Constitucional anuló la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña y denunció a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que ya tiene varias causas judiciales pendientes. También en el PP, el partido del Gobierno en España, hay graves problemas con la justicia.
España, un país que salió de la recesión pero no de la crisis –su tasa de paro no admite homologación entre los países desarrollados– tiene una agenda política que poco o nada tiene que ver con su precaria situación socioeconómica y que, por el contrario, está dominada por un sinfín de conflictos judiciales y territoriales, el principal en Cataluña. Peor aún, la lucha política contamina y daña la economía, ya que el 20% de los españoles de fuera de Cataluña ha dejado de comprar productos catalanes.
Un repaso a la agenda interna española puede asustar a cualquier observador. Este miércoles, por ejemplo, la movilidad se vio muy afectada por la huelga impulsada por el independentismo en Cataluña, donde en 16 carreteras no se puede circular por el paro, que es político, no sindical ni laboral. Por si fuese poco, centenares de personas cortaron las vías del AVE en Barcelona y Girona. Para el Gobierno, la huelga general fue “mínima y residual”.
La traducción de la inestabilidad política tiene un precio: el sueldo medio en España bajó un 0,8% en 2016, hasta los 1.878,1 euros brutos.
Entre tanto, en Madrid, el Tribunal Constitucional anuló la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la ley de ruptura, y denunció a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que ya tiene varias causas judiciales pendientes. El alto tribunal trasladó a la Fiscalía la actuación de Carme Forcadell por si fuera constitutiva de un delito de desobediencia.
“En Cataluña ha faltado política y se ha dejado margen a los secesionistas”, lamenta el expresidente del Gobierno José María Aznar, ahora distanciado de Mariano Rajoy.
La magistrada Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, ya puede embargar los bienes por 6,2 millones a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña
Más frentes judiciales: la magistrada Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, ya puede embargar los bienes por 6,2 millones a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, y sus exconsellers. Y por si no fuese suficiente, la Audiencia Nacional dice que ‘los Jordis’ –líderes de dos organizaciones independentistas catalanas– persistieron “en rebeldía no tolerable”.
De cara a las elecciones del 21-D en Cataluña, Puigdemont dice estar seguro de que ganarán los partidos contrarios a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De entrada, el Gobierno decretó no lectivo el 21-D para facilitar que se vote en los comicios autonómicos.
Los líos judiciales también persiguen al partido del Gobierno de España. El juez dejó libre a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, tras el pago de los 400.000 euros de la fianza, y el inspector jefe de la UDEF señala indicios de que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, recibió pagos de la caja B –dinero negro– del PP. Manuel Morocho asegura que existen “indicios” de que la estructura del Partido Popular “respondía al perfil de una organización delictiva” por sus operaciones en la trama Gürtel. @mundiario
