En España hay un insuficiente compromiso político contra la corrupción
Algunos optan por no implicarse, dejan que los asuntos sigan su curso. Y como mucho proclaman que la corrupción se debe a la debilidad de algunas personas, pero que la inmensa mayoría actúan con honestidad. Como esto último es evidente, dan por bueno lo anterior. Craso error.
El ex-presidente autonómico de Madrid Ignacio González ha entrado en prisión por corrupción, sumándose a los ex-presidentes de la Comunidad Valenciana, Baleares, ya condenados, al de Cataluña, Jordi Pujol, y al de Murcia recientemente dimitido, los dos últimos en fase de investigación.
Puede considerarse para tranquilidad de los ciudadanos que la Justicia funciona imparcialmente sin que nadie se sustraiga a su celo. Pero también cabe preguntarse por las medidas adoptadas por los poderes públicos para evitar la proliferación de casos que socavan la credibilidad de las instituciones.
Siendo cierto que Mariano Rajoy delegó en María Dolores de Cospedal la tarea de prescindir de algunos de sus colaboradores inmersos en distintos escándalos, y que asimismo permitió u ordenó que la actual presidenta de Madrid iniciase la denuncia que ha llevado al ingreso en prisión de su antecesor, no es menos cierto que el mismo Rajoy ha ido detrás de los acontecimientos, empujado por las revelaciones de la prensa y de los jueces. Y no cabe duda de que era conocedor de los hechos, como lo demuestra su renuencia a tomar decisiones o la forma en la que prescindió del hoy recluso.
De la misma forma que las lágrimas teatrales de Esperanza Aguirre, no pueden ocultar que varios de sus colaboradores principales estaban inmersos en operaciones ilícitas, urdidas desde el poder con un doble objetivo, financiar la organización que ella presidía, el Partido Popular, y al tiempo en beneficio personal de los interesados, durante muchos años y desde distintos frentes. No cabe tanta ignorancia en alguien que era tan groseramente adulada por los suyos.
Ahí radica el fondo del problema. En la actitud de ignorar lo que está ocurriendo alrededor, para no verse obligados a actuar. En la mayor parte de los casos de corrupción conocidos quienes más saben son quienes a diario comparten equipos de gobierno. Saben de los informes o reparos de los órganos de fiscalización, de las excepciones relevantes en los procedimientos de contratación, de la acumulación de contratos en determinados adjudicatarios, de las connivencias con empresarios o personajes con intereses oscuros. Pero optan por no implicarse, dejan que los asuntos sigan su curso. Y como mucho proclaman que la corrupción se debe a la debilidad de algunas personas, pero que la inmensa mayoría actúan con honestidad. Como esto último es evidente, dan por bueno lo anterior. Craso error.
La corrupción existe porque la condición humana necesita controles, normas legales, vigilantes escrupulosos y un marco social de rechazo
La corrupción existe porque la condición humana necesita controles, normas legales, vigilantes escrupulosos y un marco social de rechazo. Cuando no se dan esos factores, prima el cálculo de riesgos. Si los posibles beneficios son muy grandes y los controles débiles, se producirá antes o después la coincidencia de corruptores y corrompibles.
Mientras en España sigamos obviando las recetas, más que conocidas en todas las democracias, seguiremos soportando escándalos. No bastan las normas ya aprobadas, hace falta algo más importante, el cambio de actitud del mundo político hacia la corrupción. Comenzar a considerarla como un riesgo estructural del propio sistema democrático, desarrollando mecanismos de control más eficaces. Por ejemplo, la profesionalización de la alta Administración, separando claramente el nivel de decisión política de los gobiernos, del nivel de decisión técnico de los funcionarios. Además es necesario reducir el margen de discrecionalidad en muchas decisiones, eliminando subterfugios como baremos subjetivos en la contratación o selección de personal, o en la planificación urbanística. Y desde luego implantar mayor transparencia en las decisiones, en especial en la selva de organismos autónomos de todo tipo, sustraídos habitualmente al control público y donde de forma reiterada surgen conductas ilícitas.
Despolitizar los nombramientos en organismos reguladores o de la Justicia e impulsar un clima social de rechazo a la corrupción son otras medidas imprescindibles.
Y olvidarse de los ataques entre partidos a cuenta de los casos de corrupción, porque éstos retratan con precisión el mapa del poder, como indican las estadísticas judiciales. Menos lamentos jeremíacos ante los escándalos y más iniciativas preventivas.
