Elecciones del 24 de mayo: la enseñanza que demanda la todavía actual oposición

Es hora de no fiarse de lo que quiera inducir la propaganda del miedo. Es hora de decidir qué país queremos: observar cuidadosamente y votar en consecuencia.

Todavía se oye de vez en cuando que, como al parecer crece la economía, “las políticas del PP funcionan”. Así lo pregonaba en la campaña electoral andaluza la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Pasadas estas elecciones, es más discutible el argumento justificativo, porque no parece que un suficiente número de los convocados a votar lo haya percibido. Los estrategas de las siguientes elecciones de mayo ya están cambiando la argumentación ideológica y, también, las comparecencias significativas de personajes que conmuevan al personal y potencien sus candidaturas municipales y autonómicas.

Esta estrategia reservona no les ha privado, sin embargo, de aprobar una de sus leyes más simbólicas de su hoja de ruta reformista, la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretende acallar las múltiples protestas  que este Ejecutivo ha suscitado en una población hastiada de que –con el pretexto de la crisis- ha debido cargar con la inmensa mayoría de los recortes en prestaciones sociales. Especialmente, en tres ámbitos que ya han modificado sustancialmente la vida de mucha gente. El de los derechos laborales y el empleo, con una Reforma laboral que ha precarizado a todos y no dará ya trabajo a mucha gente. El de una Sanidad que ha dejado de ser universal y tiende a desmejorar todas sus prestaciones. Y el de un sistema educativo empobrecido en su dimensión pública –con la LOMCE y, ahora mismo, con tres decretos que están pesando ya sobre la universidad, de los que el más sonado estos días pasados ha sido el de la flexibilización de las enseñanzas universitarias oficiales, mientras da aire a las fórmulas de iniciativa privada. Todo lo cual, en buena lógica estadística, está derivando en creciente desigualdad y que vamos camino de que resulten gravemente dañadas las relaciones intergeneracionales. Lo anotaba hace poco  Save the Children, al señalar –en España- a 8.364.567 niños y niñas con diversos grados de pobreza y, como comentaba el catedrático Rafael Feito en su blog, es “una contundente prueba empírica de que la política educativa de la austeridad nos condena  a un presente y a un futuro marcados por desigualdades cada vez más injustas”.

Si lo positivo que pueda tener la evolución económica sólo es percibido por muy pocos, más dudosa es la presunta capacidad gestora de que han alardeado los estrategas del PP. No sólo porque buena parte del mérito que se atribuyen en el tan reiterado “crecimiento” obedezca a razones exógenas  a su gestión –como matizan los informes más independientes-, sino además porque no logran sacudirse los abundantes casos de presunta corrupción en que están inmersos demasiados exdirigentes suyos y la estructura misma de su organización. Independientemente de que hayan podido prescribir muchos de ellos en el transcurso de estos últimos 18 años –sin contar los anteriores- , que hayan sido sobreseídos otros o logren en los tribunales condenas de mínimo estropicio, será difícil demostrar inocencia ante la ciudadanía y que ésta mude su estupefacción en credulidad dispuesta a votarles en los comicios inmediatos para obtener así mayorías suficientes. Es mucho descrédito acumulado, difícil de remover a pesar de la prolífica “propaganda institucional” creciente de Ayuntamientos y Comunidades en que gobiernan. Sobre todo, porque el autobombo no elimina sino que amplifica lo que han hecho, y contamina las razones que –según alegan- les incitaron a ejecutar algunas de las medidas “indeseadas”. Sólo los muy adeptos lo creen o fingen creerlo, mientras las encuestas son desbordadas por los tendentes a pensar que han legislado y gobernado casi exclusivamente pro domo sua. Tanto celo en pregonar situaciones idílicas frente a una descomunal deuda cuyo origen y desarrollo no están interesados en aclarar, no es capaz de atajar sobradas  sospechas de que ni la deuda ni ninguno de los recortes sociales responde a causas generales sino a intereses de las grandes corporaciones y entidades financieras, a las que –por lo que expresan sus formas de gobierno- hubieran jurado obediencia servil.

Lección relevante de las elecciones andaluzas es que las desviaciones económicas y las mayorías políticas del pasado son contempladas con indignación por los ciudadanos. No otra es la explicación del  voto a formaciones de nuevo cuño  que les hayan parecido más cercanas en la aclaración de responsabilidades del pasado y, sobre todo, para la gestión futura de los bienes públicos y de los servicios a que con el presupuesto de todos tienen derecho. Por lo cual, razonable es que sea grave en medios afines a los actuales gobernantes el temor a un vuelco todavía mayor de las expectativas de voto en la cita electoral del 24 de mayo (municipales y autonómicas), porque es mucho el poder que está en juego. Sobre todo, el que confiere la administración de Sanidad y Educación. Sin embargo, para no invocar milagrerías, podría ser de utilidad a los estrategas electorales del partido hegemónico en este momento que estudiaran despacio algunos de los programas y aspiraciones de otros grupos políticos y de colectivos que, en esta legislatura han pugnado por defender otro parámetros de gasto educativo bien distintos. Si al estudio detenido les siguieran resoluciones de compromiso con estos discordantes, se podrían evitar no pocos sinsabores y, de paso, ganaríamos tiempo para enmendar tanto tiempo perdido en generar un costoso legado como el que muchos dejan detrás, más segregador y clasista. Con el agradecimiento que suscitaría este vuelco tan contrario a la soledad en que se han complacido en actuar estos años –de variada amplitud según Comunidades-, arañarían más votos que con la propaganda habitual con que tratarán de obnubilarnos.

El milagro sería –en Semana Santa nunca se sabe- que quienes dictaron la LOMCE y pusieron delante de todo la fraudulenta superioridad de la economía miraran a estos otros ciudadanos como iguales, trataran de dialogar con ellos y dieran cabida a sus demandas. Están empezando a saber que la dureza de oído –que no la “firmeza” en el arte de gobernar- tiene mal arreglo, como no sea el del cabreo de los presuntamente gobernados a la hora de votar. Aunque no estén aquí todos sus proyectos, este conjunto expresa la repulsa que plataformas de diversa composición han expresado en el transcurso de esta legislatura sin lograr nunca ser tenidos en consideración. Está, en todo caso, lo más relevante del denominador común de lo que quisieran ahora mismo que fuera la Educación, sector primordial de la vida en comunidad. Pero lastimosamente, en vez de escuchar a los discrepantes, seguramente volveremos a ver lo que tanto hemos visto en vísperas electorales y que Bernardo Berlich ha sintetizado en una de sus últimas viñetas: “Y en vista a las próximas elecciones, hemos decidido mejorar los indicadores de pobreza”. Y añadía lo que una de las Historias ejemplarizantes de Valerio Máximo  ya decía en el siglo primero (hacia el 27d.C.): “A 300 metros hay un indigente. Es pobre pero feliz”.

En contrapartida, todo votante tiene derecho a ejercitarse debidamente en este tiempo de tregua relativa. En vez de dejarse comer el coco por el confuso neolenguaje que ya marea sus neuronas, la honestidad básica le exigirá leer un poco y enterarse bien de lo que conviene al presente y futuro de una España de todos. Ha de repensar si es coherente que sigan mandando quienes hayan empleado sus cargos públicos para dejar tirado al común de los ciudadanos y hacer crecer el clientelismo de amiguetes. En menos de dos meses podrá votar: no debiera ser para seguir arrepintiéndose luego.