El Ejecutivo de Rajoy obliga a Catalunya a reportar cada gasto a Hacienda

El Gobierno central empieza a estrechar su cerco alrededor del catalán. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, mediante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha dado luz verde este viernes a un acuerdo por el que obliga a Barcelona a remitir informes semanales sobre los expedientes iniciados o tramitados para evitar que se aprueben gastos relacionados con la consulta independentista del 1 de octubre. La información será recibida cada semana por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, ha dicho que si los de Carles Puigdemont no comparten la información solicitada se arriesgan a dejar de recibir los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El también ministro de Educación ha recordado que Cataluña ha recibido hasta 67.000 millones de euros desde la creación de este mecanismo de financiación y que para este año se espera que cobre unos 3.600 millones. "La entrada en vigor de este acuerdo es inmediata. Será el ministerio de Hacienda el encargado de velar por su cumplimiento", ha dicho.

Los funcionarios para quienes aplica esta obligación son todos aquellos "interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de los organismos y entidades de la administración catalana, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro".

El vocero no adelantó ninguna posible sanción que podría caer sobre los funcionarios si se niegan a compartir información o a poner su firma en alguna partida de gasto, mas llamó "a la cordura" a fin de que "el dinero se dedique a garantizar los servicios públicos y en defensa del interés general" en lugar de destinarlo a "un referéndum que es ilegal".     

Méndez de Vigo calificó esta maniobra como una "actuación preventiva" y llega como respuesta al hermetismo con que se ha conducido la Generalitat tras el bochorno del concurso fallido para la compra de urnas, que quedó sin participantes en su primera fase pues ninguna empresa logró formalizar nunca su oferta económica. Por otra parte, sí que se han encadenado una serie de actos simbólicos sobre la consulta pero de momento no se ha firmado ningún documento oficial.

Esta normativa aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos es también un posicionamiento paralelo a la resolución del Tribunal Constitucional en que daba paso a trámite a una denuncia el recurso de Madrid a los presupuestos de Cataluña contra la parte de los presupuestos de la Generalitat para este año, los cuales incluían partidas para la convocatoria de un referendo como el que al final se convocó para octubre.

La suspensión ordenada por el Constitucional y el recurso del Gobierno afectan directamente a la disposición adicional 40, la cual recoge la convocatoria de una consulta, y a tres partidas presupuestarias que en total suman nada menos que 5.8 millones de euros y que se refieren a "procesos electorales y consultas populares" así como a "proceso de participación ciudadana".