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¿Qué dice el informe de la OEA enviado al Gobierno de Nicaragua?

Mientras se acerca la fecha de las votaciones, la oposición nicaragüense ha intensificado la denuncia y la movilización convocando a la abstención activa y demandando verdaderas elecciones, transparentes, sin exclusiones y con observación nacional e internacional.

¿Qué dice el informe de la OEA enviado al Gobierno de Nicaragua?
Daniel Ortega durante el Desfile por el 37 Aniversario del Ejército de Nicaragua el pasado 3 de septiembre de 2016. / el19
Daniel Ortega durante el Desfile por el 37 Aniversario del Ejército de Nicaragua el pasado 3 de septiembre de 2016. / el19

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Héctor E. Mairena

Héctor E. Mairena

Abogado y periodista nicaragüense. Miembro del PEN Club Nicaragua. Ha sido columnista de El Nuevo Diario y colaborador de Confidencial, en Nicaragua. Ha dirigido varios programas radiales de comentarios y análisis. Premio nacional de poesía Gregorio Aguilar, 1987. Colabora en MUNDIARIO.

El domingo 16 de octubre, de forma inusual, la oficina del Secretario General de la OEA, hizo público que había hecho llegar al Gobierno de Nicaragua un informe en el que pondera los hechos relacionados con el actual proceso electoral. Al mismo tiempo informó que la organización multilateral y el gobierno, establecerán “un mecanismo de conversación e intercambio constructivo para analizar en forma conjunta los temas relacionados”. Momentos después, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, vocera oficial, primera ministro de facto y candidata a la vicepresidencia, confirmó lo anunciado.

La mesa estaba servida para las especulaciones y para las demandas.

De forma inmediata, partidos políticos opositores, personalidades y representantes de la sociedad civil nicaragüense, demandaron que el informe de la OEA (Organización de los Estados Americanos), se haga público. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, respondió de forma automática que el mencionado informe, por haber estado dirigido al gobierno de Ortega “en esta instancia no será público”.

Apenas el 3 de junio, en un incendiario discurso, en el Congreso del FSLN, mismo que lo designó candidato presidencial y le otorgó poderes ilimitados para designar los candidatos a la vicepresidencia y al parlamento, Daniel Ortega, en respuesta a la demanda de elecciones transparentes y observadas, llamó sinvergüenzas a los observadores electorales y sentenció: “Aquí no hay observación, ni Unión Europea ni OEA, que se vaya a pronunciar… Ellos saben que en Nicaragua se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antiimperialista”. Pocas días después, en la 46 Asamblea General de la OEA realizada en Santo Domingo del 13 al 15 de junio, Denis Moncada, vicecanciller y representante de Nicaragua en el organismo continental, demandó que el Secretario General del órgano regional, fuese expulsado del cargo por su “comportamiento ilegal, irrespetuoso y prepotente”. El uruguayo Luis Almagro, canciller durante el gobierno de José Mujica, ocupa el cargo desde mayo del 2015 y ha mantenido una posición crítica consistente ante el régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué dice el informe de la OEA, en el que pondera el actual proceso electoral nicaragüense, y que aparentemente ha hecho variar la actitud del gobierno nicaraguense? No se sabe. Sin embargo, es improbable que sea positivo, por dos razones: 1/ Si fuese una valoración favorable del actual proceso, en el que se ha impedido la observación nacional e internacional y del que fueron excluidos arbitrariamente las auténticas fuerzas de oposición, el régimen de Ortega, tan dado a la capitalización propagandística, ya lo hubiese hecho público. 2/ De otra parte, la gestión de Luis Almagro se ha caracterizado por su firmeza en demandar el respeto a los compromisos y postulados de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en septiembre 2011 por los estados americanos, entre ellos Nicaragua. Las violaciones a la Carta Democrática, por la falta de elecciones libres y el atropello constante a los derechos humanos y  las libertades civiles, es el argumento principal que con hartas pruebas, la oposición al régimen de Ortega ha mantenido en distintos encuentros con el Secretario General de la OEA. Consideraciones similares son los que llevaron el 21 de septiembre a la Cámara de Representantes de los EE UU,  a aprobar de manera unánime la ley Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708, mediante la cual se ordena al gobierno de los EE UU oponerse al otorgamiento de  los créditos que Nicaragua solicite en los organismos financieros internacionales y a hacer públicos los casos de corrupción en los que están involucrados altos cargos del régimen de Ortega.

Lo señalado por la  comunicación de la Secretaría General de la OEA, en cuanto a que se establecerá “un mecanismo de conversación e intercambio” sobre el tema electoral, sugiere un diálogo entre la organización regional y el gobierno nicaragüense. Sin embargo, esto sería un hecho atípico, por cuanto Nicaragua es parte de la entidad multinacional. No obstante, indica cierta apertura -hasta ahora declarativa- de Ortega a escuchar. Pero escuchar no es ceder  ni es aceptar que debe corregir, esto es restablecer la institucionalidad democrática.

Pero además los tiempos no dan, al menos para los comicios próximos. Las denominadas elecciones, calificadas de farsa electoral por la oposición, deberán realizarse el domingo 6 de noviembre, es decir antes de tres semanas.Y a estas alturas es imposible que logren autenticidad democrática. Eso mismo ha llevado a la consideración de que Ortega pretende ganar tiempo, dar señales de cambios a la propia OEA y al Senado estadounidense que deberá abordar próximamente la Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708.

Luego del 6 de noviembre, no obstante todas las denuncias previas, Ortega alegaría legalidad y legitimidad. Muy suyo eso de asumir la política como triquiñuela constante y no con responsabilidad de estadista. Sin embargo, difícilmente el Secretario General de la OEA y menos aún el senado estadounidense o el propio pueblo nicaragüense, tomarán el gato como liebre.

No se trata que Ortega no ceda nunca ante la fuerza de los hechos y la movilización ciudadana. El problema es que su naturaleza autoritaria lo hace actuar in extremis, como en la década de los ochenta, cuando aceptó la apertura democrática y realizar elecciones creíbles -que lo desalojaron entonces del poder-, solo cuando el país se había desangrado y la economía estaba en bancarrota total, con un saldo humano y social doloroso que aun no se supera.

Mientras se acerca la fecha de las votaciones, la oposición ha intensificado la denuncia y la movilización convocando a la abstención activa y demandando verdaderas elecciones, transparentes, sin exclusiones y con observación nacional e internacional.