La democracia no reparó los robos del franquismo en los 40 años posteriores a la Transición
La dictadura de Francisco Franco incautó ingentes cantidades de dinero en efectivo y embargó gran número de bienes, en una clara estrategia para hundir económicamente a los vencidos en la guerra civil, incluso condenando a la muerte civil a las familias de los ejecutados.
En 2017, 81 años después del golpe fascista de Franco y 40 años después de las primeras elecciones pluripartidistas de 1977, nadie ha reparado a los represaliados.
La dictadura franquista incautó ingentes cantidades de efectivo y embargó gran número de bienes, en una clara estrategia para hundir económicamente a los vencidos, incluso condenando a la muerte civil a las familias de los ejecutados.
El cierre en falso de la dictadura franquista por la Transición española de los años 70 del siglo pasado determinó que no se hayan reparado los robos del franquismo a la ciudadanía, incluso que millones de personas desconozcan la propia existencia de estos robos.
En los primeros meses posteriores a la rebelión facciosa de 1936 se incautaron, por ejemplo, en Galicia bienes y grandes sumas de dinero de personas y familias no afectas al golpismo
En los primeros meses posteriores a la rebelión facciosa de 1936 se incautaron, por ejemplo, en Galicia bienes y grandes sumas de dinero de personas y familias no afectas al golpismo. A primeros de 1937 el régimen franquista institucionalizó estos despojos ilegales. El sistema evolucionó hasta el desapoderamiento masivo diseñado por las leyes de responsabilidades políticas y de represión de la masonería y del comunismo de 1939.
Muchos gallegos (y cientos de miles de españoles) fueron privados de sus bienes y dinero de manera ilegal y aun no han sido reparados. Paradigmático es el caso del secretario del Ayuntamiento de A Coruña, Joaquín Martín (republicano centrista), condenado a muerte y ejecutado el 31 de agosto de 1936. La responsabilidad civil derivada de su condena ascendió a un millón de pesetas de la época. Su viuda, hija del ilustre coruñés Médico Rodríguez, aún rogaba lastimosamente a las autoridades de la dictadura en 1954 para que se le levantara el embargo sobre los bienes heredados de su marido "al carecer de cualquier otro medio de vida". Otros casos destacables fueron los del diputado republicano Miñones Bernárdez (principal accionista de la Electra Popular, luego adquirida de saldo por la Fenosa de Pedro Barrié) o del secretario de Relaciones Internacionales del Partido Galeguista Plácido Castro.
En otras partes del Estado el despojo se incrementó con la anulación del valor de todo el papel moneda emitido por el Gobierno de la República española con posterioridad a julio de 1936, lo que supuso la incautación de ingentes cantidades de dinero emitido contra las reservas de oro de la República.
De la devolución de los bienes incautados a las organizaciones sindicales y políticas, se benefició fundamentalmente la UGT. Salieron perdiendo la CNT, el PG y el PNV, que nunca recuperó su sede parisina próxima a los Champs Elysèes
Desde 1987 se aplicó una legislación orientada a la devolución de los bienes incautados a las organizaciones sindicales y políticas.
De dicha legislación se benefició fundamentalmente la UGT, mientras que salieron perdiendo la CNT, el Partido Galeguista y el Partido Nacionalista Vasco.
El PNV nunca recuperó su sede parisina próxima a los Champs Elysèes donde hoy se ubica el Instituto Cervantes. Pero nunca se legisló nada semejante para las familias y empresas desposeídas, como sí se hizo en la Alemania postnazista y en la Italia postfascista.
Por tanto, es de toda justicia legislar en el sentido propuesto por varios partidos en el Congreso de los Diputados, los cuales piden que se arbitren mecanismos para que sean reparados los robos del franquismo a las personas y entidades privadas.
Hay que pasar página. Pero no sin antes leerla.
