Crónicas centroamericanas: la corrupción y no las pandillas son el mal endémico de la región

Las pandillas son uno de los ejes de la violencia en Centroamérica, pero no el único. / RRSS
Las pandillas son uno de los ejes de la violencia en Centroamérica, pero no el único. / RRSS

La corrupción, y no precisamente la guerra de pandillas, es la causa primordial de la violencia registrada en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Crónicas centroamericanas: la corrupción y no las pandillas son el mal endémico de la región

No es la primera vez. La administración de Trump ha declarado al grupo MS-13 como una de las principales prioridades de su gobierno en materia de combate internacional al crimen. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó al Departamento de Justicia que comience a combatir este flagelo cuanto antes, y los funcionarios del gabinete han alentado a sus contrapartes centroamericanas a hacer lo mismo.

Estados Unidos solo está reforzando una creencia errada pero muy extendida por la que se cree que la MS-13 y el crimen organizado son los problemas más acuciantes de Centroamérica. Si bien las pandillas son un problema grave, en gran medida son un síntoma de un problema mucho más crítico que afecta a la región, como lo es la simple y llana corrupción. La visión combativa de Trump tan solo encaja bien con su retórica e intenciones xenofoba, pero no habla de los males de raíz que necesitan ser atajados. 

La Mara Salvatrucha (su nombre original), y otros grupos delictivos ciertamente contribuyen al récord de altas tasas de criminalidad en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero esta estrategia de represión  es poco efectiva para abordar el problema de la delincuencia en América Central. Al deportar a los miembros de MS-13, que es irónicamente la principal estrategia, el presidente Trump está brindando reclutas experimentados a las pandillas centroamericanas, que han crecido y prosperado en gran medida porque la clase política de la región los protege.

El caso más revelador del nexo entre la corrupción y el crimen organizado es el de El Salvador, territorio sagrado para la MS-13 y con una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En agosto pasado, los fiscales salvadoreños probaron que los dos principales partidos políticos se habían confabulado con la MS-13 y otras pandillas llegando a pagarles más de $300,000 por ayudarles a ganar las elecciones presidenciales de 2014 en el país. Ese es tan solo un ejemplo.

Pero en medio de tanta impunidad, es por ahora Guatemala el que se destaca de alguna manera. Ha tenido dos fiscales generales incorruptibles dedicados a luchar contra la corrupción sistémica que ha afectado históricamente al país. La actual fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ha abordado el problema con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por las Naciones Unidas cuyo objetivo es asistir al sistema de justicia penal a enfrentar crímenes de alto impacto, incluidos aquellos que involucran a las principales figuras políticas. El equipo ha tenido cierto éxito en enjuiciar a políticos poderosos, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y su segunda, Roxana Baldetti.

Poner atención al verdadero problema

La mayoría de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños consideran que sus políticos son corruptos, y no se equivocan. La continua aparición de escándalos y acusaciones siguen llevando a la justicia y a la opinión pública en el mismo sentido. La desconfianza de los ciudadanos, a su vez, hace que sea más difícil luchar contra el crimen y defender el estado de derecho. En América Central, muchas personas están dispuestas a eludir la ley para echar mano de la violencia extrajudicial u otras formas de crimen. 

Como resultado, la corrupción en América Central ha hecho añicos la mayoría de los esfuerzos para construir los tipos de instituciones de justicia penal que son necesarias para sostener una sociedad democrática. Cuando las instituciones políticas están también en manos del crimen organizado usan su poder para erosionar el estado de derecho y tienen consecuencias profundas en las sociedades de la región, ya que protegen a las organizaciones criminales a cambio de apoyo económico y respaldo político en barrios controlados por las pandillas.

Parece, aunque suene simple, que la correlación entre los políticos corruptos y las pandillas es evidente, y estudios de varias Universidades así lo han probado. Si el dinero que paga el contribuyente es bien administrado y permanece para ser utilizado, las condiciones en las que viven estos jóvenes cambiarían drásticamente. Quita a un corrupto y desaparecerá un pandillero. @mundiario

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