El Congreso peruano inicia proceso de destitución contra Kuczynski por el caso Odebrecht

Congreso de la República de Perú. / Twitter.
Congreso de Perú, en su sesión de ayer, durante el debate por la moción de vacancia contra Kuczynski. / Twitter

El Parlamento aprobó pedido al trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. El próximo jueves, el mandatario peruano deberá asistir al pleno para  defenderse de las acusaciones que lo vinculan con la constructora brasileña.

El Congreso peruano inicia proceso de destitución contra Kuczynski por el caso Odebrecht

El Congreso de Perú aprobó, la noche de ayer, el pedido de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sus vínculos con la constructora Odebrecht. La crisis, que empezó a partir de la publicación de información del pago por asesorías de la firma brasileña a las empresas Westfield Capital y First Capital relacionadas al mandatario entre el 2004 y 2014 por  4,1 millones de euros, ha llegado a su punto más álgido desde que el país sudamericano recuperó la democracia en el 2000 tras la caída de la dictadura fujimorista.  

Con 93 votos a favor distribuidos entre la mayoría fujimorista, Partido Aprista Peruano, Frente Amplio y otros partidos que se unieron al pedido de vacancia contra PPK, se aprobó la moción. Mientras que, en la vereda del frente, el oficialismo defendió al jefe de Estado de las acusaciones que se comenzaron a divulgar desde el último miércoles.  El procedimiento para este proceso constitucional es que Kuczynski asista el próximo jueves al Parlamento o mande a su abogado  con el objetivo de que brinde su descargo. El tiempo que dispondrá será de una hora.

La historia de este nuevo capítulo de crisis política en el Perú empezó cuando la Comisión Lava Jato presentó un documento de Odebrecht que daba cuenta del pago de asesorías a empresas ligadas con Kuczynski Godard. La oposición exigió una inmediata explicación al presidente peruano ya que –manifestaron- mintió cuando decía en los medios de comunicación que nunca tuvo vínculos con la empresa brasilera. Todo un día se vivió una incertidumbre al no haber respuesta desde el Ejecutivo. 

La noche del jueves, en un mensaje a la Nación, PPK brindó explicaciones sobre sus nexos con Odebrecht flanqueado de todo el pleno de su Gabinete y su bancada oficialista. Negó –en todos los idiomas- que haya recibido dinero. Sin embargo, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló en su edición semanal que-nuevamente- no dijo toda la verdad. Además, se reveló la información que el hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), mediante su defensa legal, envió la documentación que detalla la participación de Kuczynski en la concesión de la Interoceánica –tramos 2 y 3- a Odebrecht, que pagó una coima de 20 millones para adjudicarse la obra.

Asimismo se conoció que, el próximo 21 de diciembre, el fiscal que dirige el equipo especial anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, interrogará de forma reservada al mandatario en el Palacio de Gobierno acerca de los pagos que recibió a través de Westfield Capital.

Así con este contexto complicado para el Gobierno que –en las últimas semanas- ha sufrido el descenso de su aprobación ante la opinión pública, la mañana de ayer se presentó la moción de vacancia presidencial. La bancada izquierdista Frente Amplio era la que proponía este proceso. A las dos de la tarde –en el reinicio de la sesión del Pleno- se dispuso que a las cuatro de la tarde se toque el tema en un debate político muy importante para el país.

Debate del 'Impeachment'

El oficialismo y la oposición esgrimieron sus posiciones sobre la vacancia del presidente Kuczynski. El vocero del gobierno, Vicente Zevallos señaló que era grave que no se haya tomado los descargos del mandatario, primero, en la comisión Lava Jato y que se inicie este juicio político. También el diputado oficialista demandó que se respete del debido proceso. “No podemos permitir que una constructora acusada de corrupción como Odebrecht ponga en riesgo la estabilidad política del país acusando al jefe de Estado”, dijo.

En tanto, el vocero alterno Juan Sheput hizo varias alusiones al régimen de Alberto Fujimori, al subrayar que el actual gobierno no tiene manchadas las manos con sangre, no sometió al Poder Judicial y al Ministerio Público, ni a los medios de comunicación. Su exposición buscaba frenar la intentona golpista de Fuerza Popular, que –según medios de investigación- la vacancia era su verdadero plan contra PPK.  

La mayoría fujimorista y sus aliados, por su lado, también dieron sus argumentos para que se inicie el proceso contra el jefe de Estado. “Kuczynski ha tenido tiempo suficiente para evaluar su delicada situación y tomar esta decisión [sobre la renuncia]”, señaló Daniel Salaverry, portavoz del fujimorista Fuerza Popular. El diputado aprista Mauricio Mulder enfatizó que no había ningún intento golpista contra el Gobierno. "Es fundamental que sepamos que aquí no hay golpes de Estado, (...) este es un proceso democrático (la vacancia)".

"¡Se exige que esta vacancia culmine en elecciones adelantadas para que se vayan todos!", exigió Marco Arana, vocero del izquierdista Frente Amplio, promotor del Impeachment contra PPK en el Parlamento. Este grupo político, cabe mencionar, también demandó a parte de la salida del presidente, fundar una nueva Constitución para evitar escándalos de corrupción.

Cerca de la medianoche y la posición clara entre oficialistas y opositores se aprobó la solicitud de vacancia. En caso, el próximo jueves, se apruebe la destitución de Pedro Pablo Kuczynski por no responder toda la verdad de su vínculo con Odebrecht, el primer vicepresidente Martín Vizcarra asumirá el cargo hasta el 2021, así lo estipula la Constitución peruana. Según medios locales, el actual embajador de Perú en Canadá iba a llegar al país en medio de la crisis; sin embargo, llegaría a pocos días de Navidad.

Algunos analistas alertaron que la salida del mandatario sería un duro golpe contra la institucionalidad del país, aunque mencionaron que las acusaciones contra Kuczynski son graves y se deben probar en el marco constitucional.

Inclusive –por la magnitud de la crisis- deslizaron que ni el primer vicepresidente Martín Vizcarra ni la primera ministra Mercedes Aráoz Fernández  podrían ayudar a que el régimen tenga la estabilidad política para cumplir con su mandato hasta el 2021. El riesgo –señalaron- es que haya nuevas elecciones generales que renovarían el Congreso y el Ejecutivo si -además- ninguno quiera aceptar la jefatura de Estado con una coyuntura complicada. Este escenario, fatídico e incierto, nadie quiere en el país.  

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