El conflicto catalán toca techo
El análisis sobre el referéndum tiene siempre dos factores. Uno, obvio, la legalidad vigente. El segundo, la estabilidad. Ningún Estado moderno trabaja para su disolución. En consecuencia el referéndum debe analizarse en el peor escenario posible, la mayoría secesionista.
El tsunami catalán avanza incontenible, en una escalada verbal y organizativa que ha forzado al Gobierno central a elevar el tono considerablemente. Días pasados primero Rajoy y luego varios ministros han hablado de “golpe de estado”, el mayor conflicto imaginable salvo una insurrección violenta que afortunadamente no parece contemplada.
La Generalitat repetiría así las experiencias previas de 1931 y 1934 con Maciá y Companys respectivamente. Por el momento se ignora la respuesta jurídica que dará el Ejecutivo estatal. La respuesta política la estamos viendo. Al situar a los impulsores del proceso secesionista como golpistas, se trata de socavar tanto su legitimidad como su credibilidad. Por otra parte, al elevar el tono, en la misma semana en la que se conocía la norma jurídica con la que pretende actuar el Gobierno catalán, redactada en secreto y hurtada al debate incluso de aquel Parlamento, Rajoy sitúa el desafío al máximo nivel de conflicto posible. El reto ahora es para Puigdemont y los suyos que de aceptarlo arriesgan pena de cárcel. Aunque todo proceso de ese tipo necesita sus mártires, hasta la fecha se ha evitado que ello ocurra, lo que indica un resto de pensamiento prudente.
Mientras los demás grupos políticos navegan en la ambigüedad. De Ciudadanos, partido de origen catalán y líder de la oposición allí, es difícil escuchar alguna propuesta concreta, atento exclusivamente a sacar réditos del desgaste popular. El socialismo se ha enredado en el debate sobre la plurinacionalidad y el artículo 2 de la Constitución, asuntos que difícilmente resolverán ningún problema y que en todo caso están al margen del problema actual. Y Podemos ha hecho una aportación tan inmadura como afirmar que “el referéndum como toda movilización política es legítima”. Con esos mimbres el problema catalán, que afecta al Estado, será tratado exclusivamente por el Gobierno popular. Un sorprendente abandono por parte de los demás grupos. Al Gobierno popular no le viene mal ese escenario, pues lo debilita en Cataluña para reforzarlo en el resto del país.
El análisis sobre el referéndum tiene siempre dos factores. Uno, obvio, la legalidad vigente. El segundo, la estabilidad. Ningún Estado moderno trabaja para su disolución. En consecuencia el referéndum debe analizarse en el peor escenario posible, la mayoría secesionista. Si ese resultado es inadmisible, no cabe hacer referéndum alguno. Si es aceptable se puede hacer.
Ningun país occidental está interesado en revisar sus fronteras, pese a los problemas con minorías nacionales en muchos de ellos: Países Bajos, Reino Unido, Francia, Hungría, etc. En Europa desde la Guerra Mundial solo se han modificado las fronteras como consecuencia de la implosión de la Unión Soviética y de sus países satélites.
Por ello a todo defensor del referéndum o de las fórmulas ambiguas que lo justifican, cabe exigirle su visión del día siguiente: consecuencias de la ruptura en la circulación de personas, el comercio, la economía o el nivel de vida, siempre bajo el prisma del peor escenario, única forma racional de considerar los problemas. La historia reciente nos enseña que los conflictos suelen ser mayores y de más gravedad que los anuncios beatíficos que difunden los propagandistas que, por necesidad, omiten los asuntos conflictivos inevitables en la ruptura de un Estado y la creación de una nueva entidad.
