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La ciudadanía de Cataluña parece ser lo último que interesa al gobierno de Rajoy

Desde 2006, el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy ha colocado a los ciudadanos de Cataluña en el último peldaño de sus prioridades políticas.

La ciudadanía de Cataluña parece ser lo último que interesa al gobierno de Rajoy
Una imagen de la Diada. / Twitter
Una imagen de la Diada. / Twitter

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Marcelino L. Fernández Mallo

Marcelino L. Fernández Mallo

Economista con larga trayectoria en el sector financiero, fue coordinador del área de Economía de MUNDIARIO, donde actualmente es columnista. También colabora en otros medios de comunicación y es autor de novelas como A trenza, Klásicos o Pallarega, en lengua gallega, y El Danubio no pasa por Buenos Aires, en lengua castellana.

Hace unos días, me lo confesaba una charnega, una catalana nieta de andaluces y extremeños. La califico del modo en que ella misma se identifica. Habla y con su gesto transmite un sentimiento de incomprensión e indefensión. Dice: “Nos están desquiciando, no sé lo que va a ser de nosotros”. Tiene algo más de treinta años, ha vivido en Jordania y Londres y jamás se consideró independentista.

Creo que reproduzco sus palabras literalmente: “Yo me siento española pero no me permiten serlo”. Y afirma que el día 1 de Octubre saldrá a buscar una urna por toda la ciudad. Y que votará Sí “para ver si de este modo se enteran de algo”. Me muestra orgullosa en el móvil el vídeo de la última Diada. “Es sobre todo nuestra fiesta, que se celebra en un ambiente fraternal maravilloso. ¿Y qué han destacado? Al imbécil que quemó las banderas.”

El sentimiento de los catalanes

El caso que comento en el párrafo anterior reproduce el sentimiento de la mayoría en Cataluña; desde luego, de la mayoría en Barcelona. Desde hace diez años, vengo con regularidad a esta ciudad. He asistido a la metamorfosis que han producido durante este tiempo las políticas del Partido Popular. Las gentes de Cataluña se sienten agredidas desde 2009 cuando el Tribunal Constitucional derogó una parte relevante del Estatut aprobado en 2006. Se sienten menospreciadas cada vez que el gobierno del Partido Popular desoye sus demandas de autogobierno. Se sienten vilipendiadas cada vez que alguno de los medios “oficialistas” los ofende desde Madrid. Y se sienten excluidos cada vez que el establishment maniobra en contra de sus legítimas aspiraciones.

El sentimiento independentista en Cataluña se ha duplicado en apenas siete años. En el Partido Popular nadie parece haber estudiado las razones de una tan drástica evolución. Tampoco parecen preocuparle al PP las causas de esos seis años consecutivos de masivas Diadas reivindicativas. Desde luego, no se cuestionan los efectos que está provocando en la ciudadanía de Cataluña la agresiva campaña de coerción y represión lanzada por el gobierno Rajoy para impedir el referéndum del 1 de Octubre. Lo que piensan y sienten los ciudadanos de Cataluña –no sus partidos o sus instituciones– parece traerles sin cuidado.

Habría que preguntarse si esta falta total de empatía del PP respecto a los catalanes se explica por la recalcitrante estulticia de sus cargos (improbable), por el mandato cósmico de sus ancestros (quizás) o porque consideran que el enfrentamiento abierto y el enconamiento de las posturas constituyen los argumentos que les garantizan el mantenimiento en el poder (casi seguro).

Un nuevo gobierno como solución

Mi impresión personal (solo eso) después de diez años visitando Cataluña reiteradamente es que la mayoría de catalanes, más que separarse de España, lo que desean es segregarse del Partido Popular; o mejor: de la particular visión que el Partido Popular tiene de España. ¿Cuál es esta visión? Pues la de un país de pensamiento único, de cultura única y de nación única; un país en el cual la Justicia se pone al servicio del partido hegemónico; un país en el que la policía organiza impunemente investigaciones espurias; un país en el cual los medios de comunicación sirven a los intereses de los grupos de poder; un país donde la corrupción se ha generalizado y es amparada desde el ejecutivo; un país en el que impera la precariedad y la desigualdad social; un país que condecora vírgenes y subvenciona fundaciones franquistas; un país en el que la libertad de expresión depende del gusto de los clanes que manejan el cotarro; un país dividido, enfrentado, deprimido y desquiciado. En esa versión de país ellos saben gobernarse.

El Parlament de Cataluña ha convocado un referéndum que es una castaña y que carece de las mínimas garantías de legitimidad. La Generalitat se empeña en su celebración aun sabiendo de su nula representatividad. Hubo ocasiones para negociar las posturas de cada cual, todas ellas rechazadas. La actitud del gobierno Rajoy ha sido la negación, los tribunales y la policía. Y el recurso a los medios afines que aplauden y jalean cada movimiento. La ciudadanía de Cataluña asiste perplejo y se posiciona al lado de sus instituciones. El Partido Popular continúa impertérrito actuando en contra del sentimiento mayoritario de los catalanes y apelando a una legalidad que ellos han conculcado una y otra vez por activa y por pasiva. La brecha entre las dos realidades es ya inmensa.

Por eso la solución tras el 1-O no pasa por unas nuevas elecciones en Cataluña, como afirman algunos, sino por unos comicios generales. Es imprescindible formar un nuevo gobierno en España que sanee este ambiente contaminado, que tienda la mano, que acerque posturas, y que empiece la reconstrucción de este país a partir del modelo de convivencia que el ciudadano –catalán y español– está demandando a gritos. En un momento próximo y necesariamente sosegado, habrá que pactar un referéndum que calme los ánimos de un modo definitivo y deje atrás estos momentos de tanta vergüenza y desolación. Necesitamos un gobierno que considere y trate al ciudadano como el elemento clave y esencial de toda esta historia.