El caso Urdangarin: algo más que una sentencia benevolente
El caso Urdangarín quedará como un ejemplo paradigmático del comportamiento de las élites españolas. La codicia extrema y el sentimiento de impunidad invadieron las estancias de los poderes económicos y políticos.
Desde hace tiempo, la vida pública en el Estado español padece una patología aguda: la judicialización de la política y la politización de la justicia. Los numerosos episodios de corrupción registrados no fueron aprovechados como una oportunidad para promover prácticas de asunción de responsabilidades por parte de las organizaciones y personas afectadas. En vez de buscar -y encontrar- un espacio autónomo para dilucidar las consecuencias derivadas de la falta de ética en la gestión de los bienes comunes, se dejó en las manos del poder judicial la resolución de todos los problemas. Las sentencias de los tribunales fueron, al fin y a la postre, los únicos criterios operativos para juzgar la labor de las personas que se movían en el ámbito del poder legislativo y del poder ejecutivo.
Si, además, crecía en el cuerpo social la convicción del uso partidista de algunas instancias del universo judicial, estábamos ante la consagración de un círculo vicioso que cortocircuitaba la credibilidad del hipotético proceso de regeneración en el seno del sistema democrático.
Cualquier evaluación de la reciente sentencia sobre lo llamado caso Urdangarin debe ser realizada en el contexto descrito anteriormente. La gravedad de los hechos involucrados en este procedimiento judicial resulta poco discutible:la utilización de las prerrogativas y de la reputación asociadas a dos personas de la Casa Real para conseguir recursos públicos de manera inapropiada debería haber motivado diversas medidas ejemplarizantes (por ejemplo:la eliminación de los derechos dinásticos y de todos los privilegios vinculados a la posición institucional de Cristina de Borbón y de Iñaqui Urdangarín). No existió tal pedagogía preventiva sino que se trasladó, con insistencia, la lógica defensiva de la presunción de inocencia correspondiente al ámbito judicial. Todo quedaba pendiente, pues, de la resolución de la Audiencia provincial mallorquina.
Y ahora, conocido el veredicto del tribunal, se suscita un debate totalmente condicionado por el corsé del “respeto a las decisiones de la justicia”. Por mucho que se quiera disimular, resulta evidente la benevolencia de las decisiones adoptadas, teniendo presente el contenido de las peticiones formuladas por el ministerio fiscal y por la acusación popular. A pesar de la poca dureza exhibida por las juezas de la Audiencia, el caso Urdangarín quedará como un ejemplo paradigmático del comportamiento de las élites españolas en los primeros años del siglo XXI. La codicia extrema y el sentimiento de impunidad invadieron las estancias de los poderes económicos y políticos. Llegaron incluso a la Casa Real, a pesar de recibir un trato generoso en los presupuestos estatales. Eran tiempos de vino y rosas. Si todos los que podían daban “pelotazos”, ¿por qué no lo iban a hacer los miembros de la familia Urdangarin?
