Arabia Saudí como excusa para no pensar

La posverdad preside el escenario catalán, donde la racionalidad ha sido sustituida por la emotividad y ésta da cobijo a todo tipo de dislates siempre que sean coherentes con el fin perseguido: la ruptura. Así hemos sabido por los medios de comunicación, la minuciosa orquestación del espectáculo del sábado pasado, la distribución de papeles entre las organizaciones situadas en la órbita de los Gobiernos local y autónomo, hemos visto las pancartas de ejecución profesional, hay imágenes de su distribución organizada así como del control de la calle.

Uno de los asuntos llamativos ha sido el intento de responsabilizar a los jefes de Estado y de Gobierno por la autoría de los atentados, a través de su identificación con la venta de armas a Arabia Saudí. Deduciéndose, algunos como Pablo Iglesias lo dijeron en voz alta, que ese país financiaba el terrorismo. Además de ser un silogismo complicado, tiene tantas premisas falsas que vale la pena intentar desmontarlas.

La más obvia es una perogrullada pero hay que repetirla porque intentan difuminarla. Los terroristas de Barcelona y Cambrils utilizaron exclusivamente coches y cuchillos, unos y otros al alcance de cualquiera. Los artefactos más sofisticados que preparaban, eran compuestos de butano, acetona,  agua oxigenada, bicarbonato o clavos, muy mortíferos adecuadamente manipulados pero también fáciles de adquirir. La sede de la célula era un chalé ocupado ilegalmente. Es decir infraestructura mínima y gastos logísticos menores.

En el último informe sobre el terrorismo mundial en el año 2016, editado por el Departamento de Estado norteamericano y publicado en la web oficial del gobierno, por cierto a años luz en transparencia de las webs de cualquier organismo español, estatal, autonómico o local, se identifica a tres países como financiadores del terrorismo internacional: Irán, Sudán y Siria. No figura Arabia Saudí. En el mismo informe se realiza un análisis por regiones mundiales y países. De Arabia se describen los atentados sufridos así como sus esfuerzos en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, Daesh y Al-Qaeda incluidos. Además participa junto con otros países árabes en el conflicto civil que asola Yemen, para sostener al gobierno central, amenazado por una secesión.

Todo ello no es contradictorio con la financiación de imanes y mezquitas por todo el mundo que propagan la visión islamista que allí rige, pero no indica que exista una relación directa  entre esa actividad y el terrorismo. Y desde luego ninguna prueba conocida. Sin duda su marco legislativo interno está muy alejado de los estándares europeos en igualdad o derecho penal. Lo mismo que acontece con la mayor parte de los países del mundo, desde China hasta las repúblicas africanas pasando por Venezuela y similares. Ocurre que nuestros estándares, de los que estamos tan orgullosos, son propios de unas pocas decenas de países solamente.

Se ha hecho énfasis en la venta de armas. Estados Unidos acaba de firmar un contrato con ese país para vender armas por valor de 98.000 millones de euros. España le  ha vendido en el último año por valor de  116 millones de euros, de los que un tercio son explosivos, un tercio municiones y el resto otros equipos, ocupando los proveedores catalanes un lugar destacado.  El Gobierno ha asegurado en sede parlamentaria que esas ventas cumplen las normas internacionales para evitar su uso en conflictos con terceros países.

En realidad el problema es otro. Navantia ha intentado vender cinco fragatas a Arabia Saudí que totalizarían más de 2.000 millones de euros y garantizarían carga de trabajo a los astilleros. Distintas organizaciones y partidos políticos se oponen a ese contrato. También aquí abunda el doble lenguaje: mientras Iglesias se opone al contrato, el Alcalde de Cádiz, de su partido, está de acuerdo. Cosas de la posverdad.