Los Ángeles no colaborará en los planes antiinmigratorios de Donald Trump

Los Angeles ha girado una orden municipal que prohíbe a todo funcionario de la ciudad mantener cualquier tipo de contacto con la policía de inmigración federal. El tema es puramente de seguridad pública. El Departamento de Policía de la ciudad avisó de los inquietantes datos que reflejan que los habitantes de la misma ya no confían en sus autoridades.

Fue el mandamás de la policía, Charlie Beck, escotado por Eric Garcetti, alcalde de la ciudad, quien se encargó de publicar estos datos justo en el núcleo latino de Los Angeles. Desde enero, explicaron, la población hispana de esta metrópolis -un 48%- han denunciado un 25% de violaciones y 10% menos casos de violencia doméstica en contraste con el mismo mes de 2016. Los delitos no han disminuido y aparte esa reducción no se repite en las otras etnias representadas.

"Aunque no hay pruebas de que esta bajada (en el número de denuncias) esté relacionada con la preocupación en la comunidad hispana obre inmigración, el Departamento cree que el temor a la deportación puede estar haciendo que los hispanos se cuiden de denunciar cuando son víctimas", explicó Beck. Sin necesidad de mencionar el nombre de Donald Trump, el mensaje igual quedó claro.

“Estas políticas están haciendo nuestras ciudades menos seguras”, añadió Garcetti. El alcalde se movilizó a lo largo y ancho de toda la ciudad durante el martes para mostrar su compromiso con la ciudad y sus habitante. Garcetti estuvo desde las seis de la mañana en movimiento, cuando dio una entrevista sobre los derechos de los inmigrantes en la emisora latina Univisión. Posteriormente celebró una conferencia de prensa telefónica con otros jefes ediles. Tuvo otros dos actos más y el discurso siempre fue el mismo: las autoridades de Los Angeles están para proteger a todos, también a los inmigrantes.

"Si los testigos no hablan porque tienen miedo, si un padre no lleva a su hija al colegio porque teme que le detengan, es algo que erosiona a toda la ciudad, nos hace menos seguros. Podemos ver subir las cifras de crímenes y que la gente vuelva a vivir ocultándose", dijo el alcalde a El País tras uno de estos eventos.

La nueva orden municipal es válida también para el departamento de bomberos, policías portuarios y el aeropuerto. Aparte, declara confidencialidad de los datos proporcionados para acceder a servicios municipales, como apuntarse a la biblioteca, según explica El País, y fuerza a cualquier empleado municipal a comunicar cualquier intengo por parte de la policía de inmigración de obtener su colaboración.

Esta suerte de orden ejecutiva llega como respuesta a Washington. El martes de esta semana, Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, acusó a las ciudades que no han colaborado con los proyectos antiinmigratorios, esas llamadas ciudades santuario, de amenazar a la seguridad pública. La administración Trump basa su agresividad contra los indocumentados, que son un grupo que llega a los 11 millones de integrantes, a quienes tacha de ser criminales descontrolados. Maniobras como la del martes en Los Ángeles son una respuesta explícita contra la necedad presidencial, pues la agresividad en las detenciones y deportaciones tan sólo propicia que las personas se escondan y dejan sin margen de maniobra a los departamentos policiales de las grandes ciudades. "Pregunte a los jefes de policía por qué tienen esta política, en vez de intentar obligarles a cambiarla", explicó el alcalde.

El empresario ha dicho que recortará los fondos federales a estas ciudades y estados que no quieran seguir sus directrices. Garcetti asegura que está convencido de que la Constitución le dará la razón. El País cita el ejemplo sobre la reforma sanitaria de Barack Obama, para la que el Tribunal Supremo explicó que los fondos federales no pueden depender de la aplicación de la agenda política de la Casa Blanca.

El periplo de Garcetti por su ciudad fue imitado en otras 60 en toda la república. "No se trata de Los Ángeles, aunque somos la zona cero de este problema. No se trata de Nueva York o Chicago. Es una cuestión que afecta a pueblos pequeños en todo el país. Hoy henos tenido alcaldes de 31 estados”, presumió.