¿Podrán salir adelante todas las autonomías sin quitas? ¿Jugará Cataluña al pacto o a la ruptura?
Los debates abiertos sobre la financiación autonómica y las pensiones aflorarán algunos de los puntos delicados de las finanzas públicas. Algunas comunidades tienen poco menos que imposible salir adelante sin ayudas. La palabra tabú es quita.
La crisis económica y financiera, junto a una acusada inestabilidad institucional, vuelve a dar intensidad al debate en torno a la financiación de las comunidades autónomas, responsables de la prestación de importantes servicios propios del Estado del bienestar: de hecho, gestionan más de un tercio del gasto público total. Los debates abiertos sobre la financiación autonómica y las pensiones aflorarán, de hecho, dos de los puntos delicados de las finanzas públicas en España.
Algunas comunidades tienen poco menos que imposible salir adelante sin ayudas, por lo que ya hay expertos que se preguntan si todas las autonomías sobrevivirán sin quitas, pero todo esto también se puede decir de manera más políticamente correcta. "Hay que propiciar el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal de los distintos niveles de gobierno para lograr la estabilidad presupuestaria”, señala, por ejemplo, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que clausuró un taller organizado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde_Gen+). En definitiva, Escrivá considera que la sostenibilidad de las Administraciones Territoriales debe abordarse "desde una perspectiva integral”, lo cual puede significar muchas cosas. ¿Incluidas las quitas? Veremos.
Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos, que conoce el sistema de financiación autonómica desde la Xunta y desde el Gobierno central, es clara al evaluarlo como algo “mal diseñado” y “poco transparente”, que lo convierte finalmente en “diabólico”. Una iniciativa socialista ya instó al Gobierno de Mariano Rajoy a reformar el sistema de financiación autonómica para garantizar la igualdad y la suficiencia financiera en todas las comunidades.
El discurso del déficit de financiación del que habla el PSOE podría asumirlo cualquier comunidad pero todo parece indicar que el protagonismo principal recaerá sobre la Comunidad Valenciana y, según vaya el diálogo bilateral Madrid – Barcelona, también sobre Cataluña, que aún no se sabe si jugará al pacto o a la ruptura. Su vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, de momento, sólo habla de independencia.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, uno de los más cumplidores con el déficit, no las tiene ahora todas consigo. Del futuro modelo de financiación autonómica no espera más que “un sistema justo” y que se pague en función del coste de los servicios públicos que atienden administraciones como la que él preside. Se le ve sabedor de lo que puede venir.
Sobre el papel se trata de garantizar los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades, de manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios, pero ya se sabe que el papel puede con todo.
El encaje de un cupo similar al vasco en Cataluña tendría para Galicia un coste anual de entre 570 y 700 millones de euros
El catedrático Santiago Lago ya advirtió en el Foro Económico de Galicia, celebrado este año en A Toxa, de los riesgos que entraña para algunas comunidades la renegociación de la financiación autonómica, tesis que fue secundada por el profesor Xoaquín Fernández Leiceaga. Las comunidades que no son contribuyentes netas podrían cifrar sus aspiraciones en quedarse como están, ante la presión de otras autonomías como Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Lago y Leiceaga consideran difícil, casi imposible, el encaje de un nuevo cupo similar al vasco en Cataluña y ponen un ejemplo de las consecuencias: para una comunidad como Galicia tendría un coste anual de entre 570 y 700 millones de euros. En buena lógica, Galicia seguirá defendiendo criterios como la dispersión y el envejecimiento, dos factores que inciden en el mayor coste en servicios públicos como la educación y la atención sanitaria, básicos en todas las autonomías. Pero no lo tendrá fácil.
No existe un modelo estable que relacione ingresos y gastos, sobre la base de la corresponsabilidad fiscal, lo cual da lugar a infinidad de forcejeos, que en breve volveremos a ver
Si algo prueba este tipo de tensiones entre las comunidades autónomas es que la arquitectura del Estado no está acabada. No existe un modelo estable que relacione ingresos y gastos, sobre la base de la corresponsabilidad fiscal, lo cual da lugar a infinidad de forcejeos, que en breve volveremos a ver.
El modelo de financiación autonómica es muy complejo, de modo que cualquier juicio de valor se puede relativizar a medida del cliente. Pero, a riesgo de simplificar, el actual sistema necesita una revisión ante el reto de reducir la desigualdad en la financiación per cápita. A su vez, la nivelación entre las comunidades autónomas, en cuanto a la financiación y la interpretación de la solidaridad, requiere también de una reforma. Estamos, pues, ante una financiación autonómica de 2009, con la fecha de caducidad superada, en un Estado tan federal como cualquier otro de los Estados federales que existen en el mundo, con la diferencia, como decía el ex presidente catalán Pasqual Maragall, de que aún no le llamamos así. Pero todo se andará. @J_L_Gomez