Las pensiones son un derecho constitucional y no pueden estar comprometidas

La inseguridad laboral lleva al tema de las pensiones, en dos vertientes. Un trabajador que tarda en encontrar empleo tendrá que dedicar un esfuerzo mucho más grande a la hora de poder cobrar una pensión cuando le toque, y al mismo tiempo, en una situación de debilidad laboral con más dependientes y personas inactivas que aportadores al régimen del sistema de pensiones, la seguridad para percibir estas están cada vez más comprometidas. Matías Movilla, abogado laboralista en Vigo y profesor asociado del Área del Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Vigo, no observa tanto peligro ya que recuerda que las pensiones “son un derecho recogido por la Constitución”.

Matías Movilla cree que para garantizar ese derecho tendrá que surgir una “gran reforma fiscal. Probablemente tendrán que pagarlas con impuestos porque constitucionalmente las pensiones son un derecho. A ese respecto soy optimista. Ahora interesa que nos envíen mensajes de que no va a haber pensiones y convencernos de que hagamos un plan en la banca privada. Y luego, si te baja a la mitad, como ha sucedido con otros productos financieros en los años de crisis, la culpa será otra vez de la crisis con la diferencia de que no van a rescatar al ahorrador. Así que, de entrada, aumentar la seguridad social privada es un error porque ya tenemos una buena seguridad social pública, que necesita recursos y refinanciación”, recalca. Pero añade con preocupación que aún hay una gran masa de economía sumergida que, por no estar controlado y regularizado, influye en el sostenimiento y fortaleza de la seguridad social. “Es bueno que recordemos que tenemos una economía sumergida de entre el 23 y el 25% sobre la que habría que actuar”, lo que lleva a pensar que con mejores condiciones laborales y salarios más altos la burbuja de la economía sumergida no existiría y retribuiría en la masa de las pensiones.

En lo que se refiere a prestaciones, Enrique Nogueruela pone el acento en los parados. Para este ex asesor de empleo de la Xunta de Galicia ese es otro de los dramas que no está en la foto fija de los datos del INEM. “Esa es la otra pata de la reforma laboral es el recorte de prestaciones. La tasa de protección es de 1 de cada cuatro. El dato de la EPA es que tres de cada cuatro parados ya no cobran, no tienen ningún tipo de protección. Esa es la situación en la que se ha dejado a las personas que se han quedado en el paro. En 2016 de los 4.474.000 parados que había sin prestaciones estaba 3.252.000. De ellos, parados con más de un año son 2.022.000 y de más de dos años 1.515.000. Es decir, más de la mita de los que no cobran llevan más de dos años en paro. La tasa de desprotección está en el 27,3%”, destaca. Nogueruela cree que ante este panorama sólo se puede entender la tranquilidad del país en términos de economía sumergida.”Esta reforma laboral ha potenciado la economía sumergida a lo bestia. Y de eso poco o nada se habla. Pero es evidente que tiene que haber un volumen salvaje, porque sino tendríamos que tener una revolución en la calle en este momento”, zanja.