La Justicia de Francia investiga a Renault por otro escándalo de emisiones

Vehículo Renault.
Vehículo Renault.

La fabricante de vehículos habría alterado el software de los mismos a fin de dar datos falsos sobre la emisión de contaminantes en los de motor diésel.

La Justicia de Francia investiga a Renault por otro escándalo de emisiones

Ha pasado un año desde que sus acciones se derrumbaron por una investigación que el Gobierno abrió en su contra y Renault ha vuelto a recibir un duro revés por prácticamente el mismo tema. La justicia de Francia ha abierto un nuevo expediente a la fabricante de vehículos en un nuevo escándalo por los sistemas de medición de emisiones contaminantes diésel en los automotores de la misma.

Los títulos bursátiles de la firma se desplomaron en un 20% el 14 de enero del año pasado. Ayer, la caída en la bolsa de París se quedó en un 2.89% al momento del cierre. La diferencia entre un porcentaje y otro es abismal, pero los elementos de este nuevo golpe son más fuertes que los sufridos en el ejercicio anterior pues los fiscales han trabajado en este caso por más de un año, puntualmente desde octubre de 2015. La orden en aquel entonces la giró la ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal en sociedad con su homólogo de la oficina de Economía. El Palacio del Elíseo se ha ensañado contra un sector motor –diésel- que controla el mercado con amplitud y ha apostado todas sus municiones posibles para comprobar sus sospechas.

Ya el año pasado Volkswagen fue descubierta en el mismo fraude por la Justicia de Estados Unidos. El caso del carro del pueblo desató el recelo de las autoridades francesas para abrir una investigación propia en la que sometieron a un delicado escrutinio a varias marcas con operaciones en su territorio. PSA Peugeot Citröen fue la otra perjudicada por las maniobras de los despachos de Medio Ambiente y Economía.

Fue precisamente la fiscalía la que solicitó la investigación en la que se carga contra la empresa por engaño en las características de sus coches al igual que en los controles rutinarios para las emisiones peligrosas para la salud humana y la salud animal. El caso está ya sobre la mesa de tres jueces de instrucción con énfasis en delitos contra la salud pública. Los juristas serán los encargados de analizar los artilugios utilizados por el fabricante. De declararse culpable a los acusados, éstos podrían ser enviados a la cárcel para una pena de dos años o una sanción que ascendería hasta los 3.000 euros.

Entretanto, Renault se ha desentendido de los acontecimientos en un comunicado en el que asegura a sus clientes que desconoce cualquier proceso de investigación y defiende que cada parte de sus productos es legal, incluido su software. “Nuestros vehículos están y han estado siempre homologados conforme a la ley y los reglamentos”, reza el documento emitido desde los despachos de la compañía.

Los títulos de la compañía llegaron el viernes a los 83.76 euros por unidad, contrastando con los 98.52%, su valor más alto alcanzado en mayo de 2015, cinco meses antes de que el Ejecutivo empezara la persecución judicial. Pero aquel año el grupo que incorpora también a Dacia y Renault Samsung también trae buenos recuerdos pues elevó sus beneficios en un 48% tras tres años consecutivos de puro crecimiento. Con su mejor momento pasado hace ya año y medio, y en pleno pique contra la justicia, la empresa empieza a orientar su producción a los vehículos eléctricos, al igual que muchas otras marcas de la industria. @hmorales_gt

 

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