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Hacienda denuncia a todos los alcades que apoyaron a Puigdemont en Bélgica

El ministerio considera que el desplazamiento se habría pagado con dinero de las arcas públicas de los municipios. Al mismo tiempo, desbloquea parcialmente las cuentas de la Generalitat.

Hacienda denuncia a todos los alcades que apoyaron a Puigdemont en Bélgica
José Enrique Fernández Moya, secretario de Estado de Hacienda. / Twitter
José Enrique Fernández Moya, secretario de Estado de Hacienda. / Twitter

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Héctor Antonio Morales

Héctor Antonio Morales

Formado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, es un comunicador social que colabora en MUNDIARIO, donde también coordina el área de Política. Twitter: @mundiario

Cristóbal Montoro ha encerrado todavía más a los alcaldes y dirigentes indipendentistas. El Ministerio de Hacienda denunció este mismo martes ante el Tribunal de Cuentas el viaje que emprendieron 200 líderes municipales a Bélgica para apoyar la pataleta que hizo Carles Puigdemont en Bruselas la semana pasada. El despacho de Montoro alerta de que dicho desplazamiento habría sido pagado con dinero público, lo cual implica delito de malversación.

El encargado de registrar la denuncia fue José Enrique Fernández Moya, secretario de Estado de Hacienda. Fernández justificó su denuncia en información difundida por varios medios de comunicación, los cuales aportaron "argumentos que permiten apreciar indiciariamente que en todo o en parte los gastos derivados del viaje en avión, transporte en la ciudad de Bruselas, manutención y alquiler de local para la celebración de la reunión en apoyo a los ex miembros del Gobierno de Cataluña en Bruselas no han sido sufragados por medios privados sino que en todo o en parte han podido emplearse fondos de carácter público".

Ya Montoro había avisado la semana pasada que los alcaldes no podían valerse de las arcas públicas para costear la piña que habían ido a hacer a su líder espiritual puesto que no iban en representación de sus respectivos municipios. "Quiero entender que han ido a título privado, evidentemente, y que no estarán utilizando recursos públicos en una acción de este tipo", explicó el ministro.

De haber sido así, el secretario considera que los alcaldes habrán violado la ley y habrán dado pie a la denuncia. "De ser así (de haber usado dinero público para cubrir sus gastos), el empleo de estos fondos para una finalidad distinta de la prevista legalmente podría suponer la existencia de una eventual responsabilidad contable que es precisamente el objeto de esta denuncia", escribió Fernández.

Los gastos en números

Hacienda exige a la fiscalía del Tribunal de Cuentas que reporte quiénes fueron los "responsables que hayan participado en la gestión del gasto o de fondos públicos" o que se hayan aprovechado para este fin. De paso, pide que haga el recuento de daños en las arcas públicas de las distintas muncipalidades. El secretario también demanda que la fiscalía se haga cargo de varias diligencias, como por ejemplo tomar declaración a la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), Neus Lloveras, quien es también alcaldesa de Vilanova i la Geltrú. Pero esa petición se extiende también hasta Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Entre Lloveras y Buch, acusan Fernández y Montoro, cuentan con información suficiente para delatar a todos los alcaldes que estuvieron en Bélgica y que expliquen los pormenores del viaje.

Hacienda también exige que se llame a declarar a Ramón Tremosa y Jordi Solé, ambos eurodiputados del PDECat a fin de que expliquen de dónde sacaron dinero para reservar el local en donde tuvo lugar este acto de apoyo al prófugo expresidente catalán.

En Hacienda están convencidos de contar con evidencia suficientes para demostrar que efectivamente las municipalidades habrían financiado esta y otras actividades relacionadas al desafío soberanista de Cataluña.

Guiño a Barcelona

Pero Hacienda también tiene corazón y por ello han enviado un guiño a la Generalitat. Fernández Moya remitió otra carta a la interventora general del Gobierno catalán, Rosa Vida, en la que revoca de forma parcial el acuerdo de no disponibilidad de gasto a fin de pagar unas partidas de prestaciones sociales que ascienden hasta los 21,6 millones de euros, explica El País.

Las cuentas de Barcelona fueron intervenidas por Hacienda desde el 20 de septiembre, por lo que son Montoro y los suyos quienes se encargan de monitorear y cargar con todos los pagos de la comunidad a fin de evitar que se utilice dinero para actividades independentistas. En simultáneo, Hacienda bloqueó el Presupuesto comunitario para evitar el flujo de gastos de la Administración Puigdemont. No obstante, el guiño de este martes vuelve a abrir la cartera aunque sea de forma parcial para aquellas partidas mencionadas.

"Esta revocación parcial se refiere tan sólo a parte de las partidas presupuestarias que incluye en sus solicitudes, por estar las restantes siendo objeto de estudio por los centros competentes para determinar si concurren las mencionadas razones de urgente y extraordinaria necesidad", explica el secretario en su carta a Vidal.

Las partidas incluidas por Fernández Moya son "políticas de juventud", "acción cívica y voluntariado", "políticas de mujeres" y otras de "investigación y desarrollo" e "innovación", cierra El País.