Limitar los pagos en efectivo también tiene algunos efectos perversos

Una de las medidas estrella para luchar contra el fraude fiscal que acaba de aprobar el ejecutivo liderado por Mariano Rajoy ha sido la reducción del límite para hacer pagos en efectivo, pasando de los 2.500 a los 1.000€, que, según las previsiones del propio Gobierno, aportarán a las arcas del erario público cerca de 1.000 millones de €, con el fin de cumplir el objetivo de déficit para el ejercicio 2017, fijado en el 3,1%.

Es cierto que limitar los pagos en efectivo a 1.000€, si funciona, puede ser un buen mecanismo para acabar con el fraude fiscal, a saber, tener que hacer pagos superiores a dicha cantidad a través de servicios bancarios da la posibilidad al Estado a vigilar todos nuestros movimientos y posiciones bancarias que, con toda probabilidad, reflejarán la mayor parte de nuestro patrimonio monetario, ya que esta medida conduce inequívocamente a que no podamos escaparnos de ser clientes de un banco para poder hacer cualquier tipo de operación o transacción económica.

Pero aquí se presenta una cuestión importante, y es que el límite para pagar en efectivo ya existía, se trata de una reducción, y si el objetivo es acabar con el fraude fiscal, ¿quién no nos dice que mañana ese límite pueda ser de 500€ o incluso que se prohíba directamente el uso de efectivo? O, por ejemplo, que para poder hacer cualquier tipo de transacción en el mercado debamos pedir una autorización a Hacienda para que nos de el visto bueno de que el dinero que empleamos para dicha operación no es “ilegal”. 

Quizás, si se hiciera realidad esto último, hablaríamos de los elevados costes que tendría el tener que comunicar cualquier compra o venta que quisiéramos hacer o el no poder usar efectivo para este tipo de operaciones, pero es que ya tener un límite de efectivo en 1.000€ tiene muchos costes, el principal es que esto implica que no podamos escaparnos de los bancos, y tener una tarjeta de débito o crédito en cualquier banco y su correspondiente cuenta corriente asociada tiene ciertas comisiones que, salvo cumplimiento de ciertos requisitos que difieren para cada entidad bancaria, son ineludibles.

Probablemente, la causa primera de esta medida no sea la lucha contra el fraude, sino el poder repercutir a los usuarios de la banca tipos de intereses negativos

Y es que, probablemente, la causa primera de esta medida no sea la lucha contra el fraude, sino el poder repercutir a los usuarios de la banca tipos de intereses negativos —existen movimientos intelectuales que proponen el límite de los pagos en efectivo o, incluso, su desaparición por estos motivos y no por la lucha contra el fraude fiscal—, esto es, que los bancos pasen a cobrarnos por tener nuestro dinero depositado en cuentas y productos que nos ofrezcan—además de las comisiones por gestión que ya son cobradas—, sabiendo que si la demanda es obligatoria, la oferta tiene inmenso poder sobre esta para imponer las condiciones que considere oportunas.

¿Para qué tipos de interés negativos? Pues para hacer más barato el crédito. Podría pensarse que es una buena noticia puesto que haría más abundante el capital disponible para prestar y aparecerían muchas más opciones de inversión rentables. Además, el Estado podría incrementar su deuda sin preocuparse tanto por los costes de esta, aunque los contribuyentes futuros tendrían que devolver en forma de impuestos todo ese endeudamiento. 

Pero es que inflar el crédito disponible a través de tipos de interés reducidos no es una política óptima, incluso podríamos hablar de que es altamente peligrosa, a saber, la crisis económica que comenzó en el año 2008 vino derivada precisamente de esta misma situación, con tipos de interés manipulados a la baja por parte del Banco Central Europeo aparecieron en el mercado inmobiliario muchas operaciones que, aparentemente, parecían rentables, pero que a la larga se demostró que condujeron a una dilapidación de recursos, puesto que no existía un ahorro y demanda que sustentara dicha inversión. Y con el continuo avance en la limitación del uso en efectivo podríamos encontrarnos ante una situación similar a la vivida hace unos años.

Finalmente, debemos plantearnos en términos filosóficos esta cuestión, y es que ¿nos parecería bien que todos nuestros movimientos y operaciones fuesen controladas por un Gran Hermano —el Estado—? Básicamente esto es lo que sucedería, ya que con un simple requerimiento, el Gobierno podría saber todo lo que compramos o dejamos de comprar, nuestra intimidad se vería seriamente amenazada y se invertiría la carga de la prueba, a saber, si la Agencia Tributaria sospechara de una operación tendríamos que ser nosotros los que demostráramos lo lícito de esta, esto es, seríamos culpables hasta que se demostrase lo contrario, obligándonos a guardar cualquier justificante de ingreso o gasto por si algún día se nos es requerido.

Debemos plantearnos en términos filosóficos esta cuestión, y es que ¿nos parecería bien que todos nuestros movimientos y operaciones fuesen controladas por un Gran Hermano —el Estado—?

Por el momento, existe la opción de poder pedir “dos de 750” en vez de “una de 1.500”, pero el asunto es más serio que esto, puesto que nuestra intimidad y libertad —el poder hacer lo que queramos con nuestro dinero sin que nadie más que nosotros lo sepa— están en juego, además de la posibilidad de que se deriven consecuencias económicas en el largo plazo catastróficas como las vividas hace unos años.

Por tanto, debemos comenzar a  cuestionar el limitar los pagos en efectivo puesto que los objetivos son mucho más perversos que la simple lucha contra el fraude fiscal, de lo contrario España se parecerá, cada vez más, a un Estado policial.