Ecologistas hablan de "vergüenza mundial" ante la vuelta de barcos de pesca ilegal
El Ministerio de Agricultura, la Guardia Civil e Interpol registraron en 2016 distintas instalaciones del entramado societario de Vidal Armadores, incautándose miles de documentos y archivos informáticos.
De nada habrán servido las denuncias y las persecuciones de barcos de pesca ilegal si, como se espera, los armadores de tres buques –el Kunlun, el Yangding y el Sanghua, vinculados al entramado societario de Vidal Armadores– vuelven a pescar tras haber sido apresados y detenidos en Cabo Verde y Vietnam. De ser así, señalan las organizaciones medioambientalistas Oceana y Sea Shepard, se provocaría una vergüenza mundial.
La Audiencia Nacional ha ordenado el pago de 700.000 euros por un cargamento de merluza austral ilegal confiscado en Vietnam el año pasado tras ser adquirido a una compañía china. Este pescado fue capturado por un buque perteneciente al mismo entramado que otros dos que, en estos momentos, se encuentran preparados para hacerse a la mar después de más de un año de permanecer detenidos en el puerto de Mindelo (Cabo Verde). Ambas operaciones se producen tras el fallo del Tribunal Supremo en el que se cierra el caso contra este grupo, lo que ha servido a las ya indicadas organizaciones ecologistas para hacer un llamamiento internacional para que detengan inmediatamente lo que consideran "una vergüenza mundial".
La Audiencia Nacional resolvió la semana pasada que las autoridades vietnamitas transfieran el valor de la carga de merluza austral capturada de forma ilícita y desembarcada por el Kunlun, a una empresa con sede en China que la había adquirido. La República Popular China, al igual que España, es parte contratante de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) que establece que los nacionales de sus partes contratantes no pueden beneficiarse económicamente de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Por este motivo, ambas organizaciones no gubernamentales instan a los gobiernos de España, Vietnam y China a que cooperen para evitar el pago, por cuanto contraviene acuerdos internacionales.
Paralelamente a este hecho, dos buques conectados históricamente al grupo Vidal Armadores, el Yangding y el Sanghua, detenidos en Cabo Verde desde 2015 y que figuran en la lista negra internacional, han sido repintados, se les ha cambiado el nombre y la bandera y, el primero de ellos, ha pasado a ser denominado Atlantic Wind y abanderado en Tanzania, mientras que el segundo, bajo pabellón chileno, ha pasado a ser Pescacisne 2. Según todos los indicios, ambos buques se preparan para salir a pescar nuevamente. Ante esta evidencia, Oceana y Sea Shepard ha hecho un llamamiento a la República de Cabo Verde para que impida su vuelta a la actividad, teniendo en cuenta que figuran en las listas negras de CCAMLR y de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).
El Ministerio de Agricultura, la Guardia Civil e Interpol registraron en 2016 distintas instalaciones del entramado societario de Vidal Armadores, incautándose miles de documentos y archivos informáticos. Consecuencia de ello han sido los seis arrestos producidos y la imposición por el Ministerio de multas de casi 18 millones de euros, además de prohibir pescar y recibir subvenciones a la empresa de Vidal durante 25 años.
Contra el mismo armador, la fiscalía presentó una querella por falsedad documental, blanqueo de capitales, delito medioambiental e integración en grupo u organización criminal. A su vez, agentes aduaneros de Vietnam aprehendieron un cargamento ilícito de 164 toneladas de merluza austral -citado anteriormente-cursando un requerimiento en tal sentido de la Guardia Civil española a través de Interpol. Este cargamento procedía del pesquero Kunlun, también integrado en las listas negras de Interpol y CCAMLR.
A finales de 2016, el Tribunal Supremo cerró el caso Vidal al considerar que los tribunales carecían de jurisdicción en casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en alta mar, como es la Antártida. Así, según el alto Tribunal, bajo la legislación española no se pueden juzgar delitos de pesca ilícita ni tampoco aquellos relacionados con el blanqueo de capitales o los beneficios económicos asociados. Este puede ser el motivo por el que los armadores gallegos de los citados buques, calificados como "piratas" en todo el sector pesquero español, optan a continuar utilizándolos –ahora bajo otras denominaciones y banderas– para seguir pescando como lo han hecho históricamente.
