La crisis obliga a las comunidades a aumentar sus impuestos de 49 hasta 76
La preocupante y precipitada caída en la recaudación ha llevado a las autoridades autónomas a crear nuevas medidas impositivas y a aumentar las tasas de las ya existentes.
La crisis económica desatada a nivel mundial en 2008 se ha llevado por delante también a las recaudaciones fiscales. Millones de personas se fueron al paro, lo cual obviamente afectó directamente al impuesto IRPF; el consumo de bienes y servicios disminuyó, y en la ecuación eso representa que el IVA sufrió una baja alarmante. Los fondos públicos de las comunidades autónomas resintió y enserio este efecto piramidal. El remedio elegido por las autoridades autónomas fue aprovechar su posición para modificar los impuestos estatales sobre los que tienen competencia y crear nuevos. Durante la crisis, los impuestos de las comunidades de régimen común, como País Vasco y Navarra que comparten el régimen foral, aumentó anualmente. De 48 figuras en 2007 pasó a 76 el año pasado, de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda. Para el presente año la cifra se mantiene. No obstante, la recaudación de estos nuevos conceptos apenas representa el 2% de sus ingresos tributarios.
La autoridad reguladora que la Constitución otorga a las comunidades en el aspecto de las tributaciones se materializa de dos formas: elevar los impuestos estatales (aumentando o disminuyendo los impuestos, creando o suprimiendo bonificaciones, o incluso reducciones sobre la parte de los tributos que tienen competencia), o pueden simplemente inventar nuevos criterios para cobrar más. Las autoridades no tuvieron pudor en echar mano de ambas y la presión fiscal a estas alturas es distinta según la región de residencia.
Cifras de las legislaciones
En 2008, las comunidades recaudaron un total de 82.745,4 millones de euros en concepto de impuestos. Dos años después, en el que fue el peor año de la crisis, la cifra llegó apenas a 65.826 millones de euros. En 2013 el Consejo General de Economistas declaró durante la presentación de Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, que anticipaban "una tendencia generalizada a suprimir o limitar deducciones y a subir tipos" de los impuestos estatales (RPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales). En otras palabras, "se legislaba mucho".
Y sí, se legisló mucho. De los 48 conceptos tributarios que tenían las comunidades en 2008 se pasó a 76 en apenas siete años. Cataluña fue la comunidad más innovadora en este apartado. Para 2007 apenas tenía cuatro figuras vigentes (protección civil, canon del agua, impuesto a centros comerciales y desecho regulado de residuos municipales). Esos cuatro pasaron a ser seis en 2008 y 14 en 2015, aunque actualmente son sólo 13. Dentro de los 13 se incluye el gravamen sobre las casas vacías, estancias turísticas o "la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital". Entre 2008 y 2016 las Canarias pasaron de apenas gravar los combustibles obtenidos del petróleo y los vertidos a crear seis. Andalucía fue de 5 a 8; La Rioja de 2 a 5; Comunidad Valencia de 2 a 4.
En ese lapso tan sólo Madrid y Murcia se han abstenido de aumentar sus figuras impositivas. La comunidad de la capital mantiene las cuatro con las que contaba en 2008, año en que eliminó dos conceptos tributarios relacionados al juego.
"Tiene lógica. Hay que tener en cuenta que durante la crisis cayó la recaudación y además, el sistema de financiación autonómica hace que no puedan quedarse con todos los ingresos fruto de la subida de los tramos autonómicos de otros impuestos. Así que es lógico que intentasen aumentar los ingresos por medio de impuestos cuya recaudación se iban a quedar en su totalidad" defiende Luis del Amo, autor de Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral.
No obstante las medidas no tuvieron el efecto deseado. En 2014, último año del que se tienen datos, los impuestos propios y los cedidos (Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio) la recaudación llegó a 2.069,45 millones de euros que para el conjunto de las autonomías representa apenas un 2.4% de los casi 86,000 millones de euros de la recaudación total de las comunidades. "La recaudación obtenida por ciertos tributos no cubre los costes de gestión de los mismos, dada la escasa cuantía percibida", avisa el Consejo General de Economistas 2016.
