El coste de la deuda duplica el gasto de personal en la Administración del Estado
Si la desigualdad crece por razones diversas (acumulación de beneficios, fraude tributario, abusos laborales, privatizaciones, concesiones administrativas, corrupción, etc.), la pobreza aumenta, la riqueza se concentra y la desigualdad aflora con descaro.
Desde una perspectiva económica, en las sociedades desarrolladas existen dos espacios básicos que interaccionan entre sí. Uno es el sector privado, que produce bienes y servicios para su venta en el mercado. El otro es el sector público, también llamado espacio común o espacio civilizatorio. Ambos espacios generan intereses, contradicciones y dinámicas distintas. El mercado funciona maximizando beneficios y acumulando magnitudes (rentas, patrimonios, población, empresas, inversiones, capital humano, etc.). El espacio común oferta bienes y servicios, redistribuye rentas, estabiliza la economía e incentiva su crecimiento.
Todas estas cuestiones se explicitan en las sociedades democráticas mediante pactos constitucionales, valores morales y estructuras políticas que propician el bienestar social y una convivencia ordenada.
La producción y la distribución de la riqueza son cuestiones básicas que aporta la economía política
Por otro lado, la ciencia económíca debe explicar cómo se relacionan las personas entre sí y con la naturaleza para producir su propia vida. O sea, debe analizar las relaciones laborales, así como la protección del medio ambiente, como aspectos sustantivos de las relaciones de producción. Porque el reparto del excedente entre trabajadores, empresarios y gobiernos, ayuda a entender la redistribución del sistema. En este sentido, debemos saber también cuánto aportan las rentas del trabajo y del capital al sector público, a quién beneficia el gasto público y como funciona la política monetaria. También interesa conocer si existe fraude fiscal o si los gobiernos rinden cuentas. O sea, la producción y la distribución de la riqueza son cuestiones básicas que aporta la economía política, explicando a su vez si benefician o no a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad.
Porque si la desigualdad crece por razones diversas (acumulación de beneficios empresariales, fraude tributario, abusos laborales, privatizaciones, concesiones administrativas, corrupción, etc.), la pobreza aumenta, la riqueza se concentra y la desigualdad aflora con descaro. Esto es lo que está sucediendo en España, con la ayuda y el silencio de las políticas neoliberales de la Unión Europea. Por eso existen partidos que enredan y descalifican para evitar la formación de un gobierno en la actualidad. Su objetivo es ocultar los intereses económicos que están detrás de la política, ya sea descalificando lo ajeno o aplaudiendo sin rubor lo que consideran virtudes propias.
La economía sumergida en España representa el 25% del PIB, más de 250.000 millones de euros anuales.
Pero los datos son demoledores. La economía sumergida en España representa el 25% del PIB (más de 250.000 millones de euros anuales). Y si en los Presupuestos del Estado (2014), el Impuesto de Sociedades aporta una cifra ridícula (6,7% de un total de 277.826 millones de euros), las rentas del trabajo soportan el 92% de los ingresos del IRPF, gran parte de los impuestos qjue gravan el consumo (IVA, IE, tasas y copagos), así como la mayoría de las cotizaciones que financian la Seguridad Social, por la vía de reducir salarios.
En todo caso, la deuda pública completa la faena. Porque los costes de la misma (intereses y comisiones) suman ya 35.000 millones de euros anuales, cantidad que duplica el gasto de personal en la Administración General del Estado, además de provocar recortes en otros gastos por su carácter prioritario. En todo caso, si la amortización de la deuda acumulada se paga con más deuda, la situación no se altera. Y eso explica que los presupuestos públicos sean hoy mecanismos perversos que redistribuyen rentas al revés.
Equilibrar la economía, el territorio o la demografía, es responsabilidad pública, así como defender los derechos humanos y la dignidad de las personas
Por eso la convivencia y el equilibrio entre los espacios público y privado no son fáciles. El negocio, los beneficios y las relaciones laborales, descansan en el mercado. Equilibrar la economía, el territorio o la demografía, es responsabilidad pública, así como defender los derechos humanos y la dignidad de las personas.
La innovación y la productividad se acomodan bien en el mercado; la redistribución y la justicia se defienden en el espacio común, si bien la eficiencia debería exigirse en ambos espacios. Por eso la explotación laboral y la explotación fiscal tienen dimensión legal; maximizar beneficios no es tarea infinita, ni los derechos humanos los establece el mercado. Es cierto que los fallos existen en ambos espacios, pero fundamentar su naturaleza y efectos posteriores a través de una equidistancia ingenua, es un lamentable error.
