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Corregir el déficit de ingresos debería ser un factor clave del acuerdo de investidura

Con el nivel de deuda pública en el 100%, la estructura de ingresos fiscales se debe convertir en uno de los elementos esenciales de la política económica a implantar por el próximo Gobierno de España. Cada partido presenta sus condiciones y prioridades.

Corregir el déficit de ingresos debería ser un factor clave del acuerdo de investidura
Mariano Rajoy, del Partido Popular. / barometropolitico.com
Mariano Rajoy, del Partido Popular. / barometropolitico.com

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Marcelino L. Fernández Mallo

Marcelino L. Fernández Mallo

Economista con larga trayectoria en el sector financiero, fue coordinador del área de Economía de MUNDIARIO, donde actualmente es columnista. También colabora en otros medios de comunicación y es autor de novelas como A trenza, Klásicos o Pallarega, en lengua gallega, y El Danubio no pasa por Buenos Aires, en lengua castellana.

Las conversaciones y negociaciones se multiplican al objeto de conformar un gobierno en España. Cada partido presenta sus condiciones y prioridades.

Los aspectos más repetidos tienen que ver con la reforma laboral, la ley mordaza, el pacto por la educación, rentas complementarias o la violencia de género. Son todos ellos apartados relevantes a debatir, mejorar o implantar pero ninguno de ellos resulta crucial para la viabilidad de la economía española.

Son los ingresos fiscales, imbécil

“Es la economía, imbécil”. Con esta frase ya archipopular vapuleó Bill Clinton a George Bush padre en las elecciones presidenciales USA del 93. Esta es la frase que el próximo presidente del Gobierno español debería espetar a cualquier interlocutor que ignorase la situación actual del país.

Observemos esta sencilla tabla que relaciona la tasa de crecimiento del PIB en España con el déficit y la deuda pública durante los años de gobierno Rajoy:

 

En %
2012
2013
2014
2015
Crecimiento PIB anual
-2,6
-1,7
1,4
3,2
Déficit público / PIB
10,4
6,9
5,9
5,1
Deuda pública / PIB
85,4
93,7
99,3
99,2

 

España, a pesar de su buen dato de crecimiento del PIB en 2015, resulta ser el segundo país de la Unión Europea con una mayor cifra de déficit público, tan solo por detrás de Grecia. Mientras tanto, la deuda pública sigue creciendo y se sitúa ya en el 100,5% del PIB.

Recordemos ahora la evolución del saldo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que corrientemente se conoce como “hucha de las pensiones”, que pasó de 66.815 millones en 2011 a los 24.176 actuales, es decir, se ha volatilizado el 64% de las reservas en cinco años. Según la edición 2016 del índice mundial de seguridad de las pensiones públicas realizado por Natixis Global Asset Management, España, que no ha dejado de perder posiciones en la clasificación año tras año, ocupa el puesto 37 entre los 43 países analizados, inmediatamente detrás de Portugal, México y Chipre.

La conclusión de esta selección de circunstancias se nos manifiesta incluso evidente: España presenta un exceso de endeudamiento muy importante y un desequilibrio acuciante de sus cuentas públicas, lo que puede provocar no solo un problema de financiación a medio plazo sino incluso de liquidez (dificultad de enfrentar pagos a corto plazo). La solución, también resulta obvio a la vista de las cifras, no puede llegar exclusivamente del crecimiento económico, como postula el Partido Popular, que incluso ha prometido nuevas rebajas de impuestos. Ya hemos visto lo que ha traído la disminución populista de tributos del último ejercicio: pérdida de recaudación tanto de empresas como de particulares.

Lo que hay que hacer

Una nueva tabla comparativa para iluminar la senda de la solución: son los ingresos públicos sobre el PIB en los países más representativos de la Unión Europea en este apartado (fuente Eurostat).

 

Finlandia
55,5 %
 
Italia
47,9 %
Francia
53,2 %
 
Alemania
44,6 %
Austria
50,6 %
 
Portugal
43,9 %
Grecia
48,1 %
 
Polonia
38,9 %

 

La media de ingresos públicos sobre el PIB de la Unión Europea es del 45,0% siendo de la Eurozona del 46,6%. Pues bien, el ratio de España se queda en un raquítico 38,2% solo por encima de Letonia, Lituania, Rumanía e Irlanda, con la salvedad de que estos países muestran un déficit público notablemente inferior al español (1,3; 0,2; 0,7 y 2,3, respectivamente).

Se puede afirmar por tanto con rotundidad que España presenta el peor estado de sus cuentas públicas de Europa. Y ello a pesar de que el gasto público en España se encuentra holgadamente por debajo de la media europea: 43,3% sobre el PIB por un 48,6% de la Eurozona o un 47,4% de la Unión Europea.

Lo que hay que hacer se revela meridianamente claro, transparente diríamos: aumentar los ingresos públicos. Teniendo en cuenta que España es además uno de los países de la UE donde más han aumentado las desigualdades sociales y sus sociedades se encuentran entre las que soportan una menor carga tributaria, las medidas han de incidir en la profundización de la progresividad fiscal.

El régimen fiscal requiere una reforma en condiciones. Aquí está el factor que las fuerzas políticas deben exigir al nuevo gobierno, tanto si se van a convertir en próximos socios del ejecutivo o van a quedarse en la oposición. Una reforma que implique un incremento de la participación de los impuestos directos, un tratamiento equivalente entre rentas del capital y del trabajo, un aumento de las tasas impositivas en rentas altas, la eliminación de la mayoría de deducciones societarias, un tipo mínimo de recaudación sobre la base imponible del impuesto de sociedades, una tributación superior en bienes y servicios de élite, y un replanteamiento de los ingresos de la Seguridad Social elevando, como primera medida, los topes de contribución.

O la clase política se convence de la necesidad imperiosa de reforzar la estructura de ingresos de la Administración a partir de los contribuyentes con una mayor capacidad de colaboración o la próxima legislatura será escenario de sorpresas económicas desagradables para todos.