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El Congreso aprueba el decreto de ley de la estiba enfilado por el Gobierno

Tras haber sido rechazado el pasado marzo, el decreto finalmente es aprobado gracias a los votos del PP, Ciudadanos, PNV y la abstención del PDeCat.

El Congreso aprueba el decreto de ley de la estiba enfilado por el Gobierno
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. / Twitter
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. / Twitter

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Héctor Antonio Morales

Héctor Antonio Morales

Formado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, es un comunicador social que colabora en MUNDIARIO, donde también coordina el área de Política. Twitter: @mundiario

A la segunda fue la vencida. El Gobierno logró la convalidación del decreto que regula la actividad de los estibadores. El proyecto fue aprobado gracias a los votos del PP, Ciudadanos y PNV más el pacto hecho con el PDeCat para que los ocho diputados de éstos se abstuvieran de la notación. Vale recordar que el decreto ya había sido rechazado el pasado 16 de marzo, algo que no sucedía desde 1978.

En aquella ocasión, C's se abstuvo de último momento cuando cayó en la cuenta que no había forma de ganar la votación pues incluso los soberanistas catalanes votaron en contra. El cambio de rumbo del PDeCat surge de la negociación con el Gobierno, la cual garantiza la mejora de las condiciones de la estiba en los puertos de Barcelona y Tarragona.

La votación dejó 174 votos a favor, 165 en contra y las ocho abstenciones, todas de los catalanes.

La regulación llega como consecuencia de una sentencia europea de hace tres años en que se fuerza la liberalización del sector de la estiba. La sentencia lleva consigo una condena y una multa a España por haber faltado en su cumplimiento. Con todo, los cambios más controversiales como la forma en que se garantizan los trabajos de los más de 6.000 estibadores de hoy en día se explicarán en un reglamento pendiente de aprobación y que fue preparado por el mismo Gobierno.

Precisamente el Gobierno fue capaz de atar un acuerdo con los representantes del sector, que se han unido enérgicamente contra el decreto y sus enunciados. "No fue posible el acuerdo rubricado por las partes", dijo Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.

"No podemos ser europeos para unas cosas sí y para otras no, somos un país serio y no tendríamos autoridad para pedir a una comunidad o a un ciudadano que cumpla una sentencia si nosotros no lo hacemos. No podemos obstaculizar la acción de la Justicia", añadió el funcionario. Para él, la convalidación "afecta al prestigio de España en la Unión Europea".

El diputado del PDeCat, Ferran Bel, ha justificado su abstención en que era necesario enviar "un mensaje a Europa de garantía de respeto a la seguridad jurídica". De igual forma ha dicho que los suyos han impulsado cinco modificaciones al decreto inicial para limitar la precarización, mejorar la negociación colectiva, fomentar la formación, potenciar los puertos de Tarragona y Barcelona y por último permitir el desarrollo en normas de inferior rango, le cita El País.

Así, cree que el rotundo no asestado en marzo sirvió para forzar mejoras en el decreto que el Gobierno firmó y aseguró que era inamovible, de acuerdo a los portavoces de los grupos que sostuvieron su no.

Problemas con los estibadores

La tribuna de público del Congreso fue tomada por representantes del sector, quienes fueron desalojados por los ataques verbales hacia Miguel Barrachina, portavoz de los populares, mientras éste defendía el decreto en cuestión. "Cuanto más levantan el puño más se alejan del suelo. Todo lo que alimente la revolución socialista les viene bien", explicó Barrachina respecto a los diputados de Podemos que aplaudían a los estibadores mientras eran expulsados de la localidad.

Todo este escándalo terminó con Ana Pastor, presidenta del Congreso, avisando a los diputados que durante el desalojo de los estibadores había escuchado "cuatro o cinco" expresiones que "van en contra del decoro de la Cámara y de sus señorías".

El Partido Popular ha avisado que presentará a la Junta de Portavoces una solicitud para que explique el incidente y la posibilidad de amonestar al grupo parlamentario que haya invitado a los representantes del sector.

 

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