La CNMC recurre el decreto de la Generalitat para las aplicaciones de taxis

Un usuario muestra la interfaz de Uber.
Un usuario muestra la interfaz de Uber.

La Audiencia Nacional ha dado trámite al recurso presentado por la comisión reguladora de mercados y competencia contra el decreto firmado por Carles Puigdemont en noviembre del año pasado.

La CNMC recurre el decreto de la Generalitat para las aplicaciones de taxis

La Audiencia Nacional ha dado luz verde al recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el decreto emitido por Cataluña en que se fijaban las condiciones para mediar en la contratación y comercialización de los servicios de taxi, entre los que se incluían aplicaciones de reservas por internet, de acuerdo a un comunicado emitido por la misma audiencia este miércoles. El decreto de la Generalitat, que fue aprobado en noviembre último, explica que estas aplicaciones debían tener local físico abierto o un sistema telemático de atención al cliente, un mínimo de licencias asociadas a la aplicación y demanda que las asociaciones profesionales de taxistas se formen en un año en sociedad o cooperativa para monitorear y administrar estas plataformas, presenta El País.

La Generalitat emitió el decreto luego de que notara el aumento en las contrataciones de "servicios de taxi mediante empresas de mediación y no directamente en la vía pública" especialmente gracias a la "presencia progresiva de formas de mediación telemática". Ante ello, las autoridades catalanes tomaron la decisión de intervenir y gestionar este sector en "términos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación", se leía en su documento. La orden no arrastraba consecuencias solo para plataformas famosas como Uber o Cabify, sino también a otras como Hailo, de las más usadas por los taxistas.

No obstante, la comisión reguladora de los mercados llevó este decreto ante la Audiencia Ncional pues consideró que el mismo violaba los artículos que protegen los principios de necesidad y proporcionalidad al igual que el de simplificación de cargas de la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado de 2013. En su texto, las autoridades reguladoras citan muchas de las órdenes giradas por Carles Puigdemont. Una de ellas es la exigencia de que estos artilugios comuniquen previamente su actividad, constituirse como persona jurídica y contar, como ya se mencionó, con un local físico o cuando menos un sistema telemático de atención al cliente.

Otro de los incisos criticados es que cuente con un número de licencias mínimo relacionado a la plataforma, que será determinado por las autoridades, y que lleve un registro de todos los datos de cada servicio. De igual forma, se ataca que la aplicación deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil y, en cuanto a las hechas por asociaciones profesionales de taxistas, los mismos deberán constituirse en sociedad o cooperativa, cierra el periodista Lluís Pellecer.

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