Buscar

Bruselas propone una directriz que detecte fraudes fiscales en las empresas

La medida llega a raíz de escándalos como el de los papeles de Panamá, pero las mismas autoridades están conscientes de que no es una solución definitiva al problema.

Bruselas propone una directriz que detecte fraudes fiscales en las empresas
Jean-Claude Juncker. / europa.eu
Jean-Claude Juncker. / europa.eu

Firma

Héctor Antonio Morales

Héctor Antonio Morales

Formado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, es un comunicador social que colabora en MUNDIARIO, donde también coordina el área de Política. Twitter: @mundiario

La Comisión Europea ha insinuado que desarrollará un sistema con el que puedan detectar tramas fiscales que arman grandes empresas para disminuir lo más posible su pago de impuestos. La idea del proyecto es forzar a todos aquellos intermediarios de tratos fiscales agresivos, como bancos, asesores o abogados, a comunicarlos a las autoridades locales de rigor en cuestión de cinco días desde el momento en que detectan las anomalías. Esta ley, eso sí, aplicaría solamente a esquemas fronterizos, en los que grandes sumas de dinero van de un país a otro. Bruselas dará potestad a los Estados para que multen a las empresas que se nieguen a informar sobre estas actividades.

Casos como los salidos a luz en los papeles de Panamá, por ejemplo, están tan bien hechos que todo apunta a que fue un o una serie de expertos quienes los idearon. Pese a que el propósito por lo general es evadir impuestos, los intermediarios, generalmente, no rinden cuenta respecto a sus esquemas. Por ello, la Comisión Europea pretende obligarlos a entregar de forma automática cualquier información fiscal anómala. Según cita El País, la Comisión define como intermediario a "cualquier persona que asuma la responsabilidad ante el contribuyente" en estas tramas. Al momento de recibir la información, los gobiernos locales la remitirán a los demás socios comunitarios de manera trimestral. Así, se emitirá una alerta sobre comportamientos fiscales turbios que puedan afectar a otros de los países integrantes de la UE.

La comisión concede algunos ejercicios de ingeniería fiscal que proceden según la ley, pero de cualquier forma siguen siendo una fuente de riesgo de evasión. "Mientras que algunas actividades pueden tener objetivos enteramente legítimos, otras pueden ser menos legítimas y, en algunos casos, ilegales", explica la comisión. El proyecto será presentado formalmente este miércoles, según apunta el mismo medio.

Pese a que la política fiscal es un tema que concerne solamente a los Estados miembros, las operaciones transfronterizas han llevado a las autoridades a hacer piña para su control. El País cita a sus fuentes comunitarias para explicar que fueron los mismos Gobiernos quienes pidieron un marco de este tipo para detener todos aquellos comportamientos abusivos. Las arcas públicas de los integrantes de la UE pasan de ingresar hasta un billón de euros anuales a raíz de estas tramas de fraude y evasión de impuestos, según estima Bruselas. Pese a la recuperación en la economía, el peso de la fiscalidad de las empresas sobre el PIB no termina de levantar vuelo: las trampas fiscales de las grandes empresas dan razón parcial a ambos comportamientos.

Con la norma modificada, todo arreglo en el que cuando menos una de las partes viva en otra jurisdicción, incluidas aquellas con arenas movedizas en sus leyes fiscales, tendrá que comunicarse al fisco al menos cinco días después de haber sido ofrecido a la compañía. Si el intermediario no tiene residencia fiscal en la UE o es parte de un gremio amparado por el secreto profesional (que es el caso de los abogados, por ejemplo), la obligación pasará entonces a la misma empresa beneficiaria del esquema. El documento, cita siempre El País, deja ver los conceptos que se aplicarán para determinar un acuerdo de riesgo: implica una ventaja fiscal, la empresa demanda que el acuerdo se mantenga en secreto, el intermediario recibe un porcentaje por esa ganancia fiscal y el esquema fuerza pérdidas para reducir los impuestos, entre otras tantas.

A fin de garantizar que bancos, contables, bufetes de abogados o inclusive particulares que operen como intermediarios respeten esta iniciativa, Bruselas propone multas, aunque las cantidades dependerán de los Gobiernos locales. "Las sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias", explica el texto en cuestión.

El problema seguirá

Eso sí, en Bruselas saben bien de que esto no es una solución definitiva al problema. La norma no reportará de forma inmediata a los Estados una lista detallada de esquemas opacos que puedan investigarse. Lo que sí pretende la comisión es que el requisito de información haga cuando menos pensar a los involucrados en estas tramas, es decir, si están obligados a compartir la información que consideren fraudulento, lo mejor será no firmar nada.

"Celebramos esta propuesta; obligando a los intermediarios a facilitar el detalle de su actividad a las autoridades fiscales se crea una herramienta muy poderosa de persecución del fraude", cita el mismo medio al eurodiputado Ernest Urtasun, de Los Verdes, una de las agrupaciones más activas en la lucha contra el fraude fiscal.

 

 

> MUNDIARIO te ofrece suscribirte a otros análisis de Economía.