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Bankia, Novagalicia y Popular: tres graves equivocaciones con diferentes resultados

La resolución de los distintos casos de crisis bancarias en España muestra como factor común el grave desacierto de las decisiones gubernamentales.

Bankia, Novagalicia y Popular: tres graves equivocaciones con diferentes resultados
Angel Ron, expresidente del Banco Popular.
Angel Ron, expresidente del Banco Popular.

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Marcelino L. Fernández Mallo

Marcelino L. Fernández Mallo

Economista con larga trayectoria en el sector financiero, fue coordinador del área de Economía de MUNDIARIO, donde actualmente es columnista. También colabora en otros medios de comunicación y es autor de novelas como A trenza, Klásicos o Pallarega, en lengua gallega, y El Danubio no pasa por Buenos Aires, en lengua castellana.

En 2009 España rasgó el velo de su inocencia financiera y hubo de reconocer que tenía un problema. Nadie –o casi nadie– en aquellos momentos podía intuir que dicho problema derivaría en la liquidación del sector de cajas de ahorros; la mayoría de estas entidades desaparecieron del mapa mientras que el resto se transformó en bancos. Como daño colateral, las comunidades autónomas vieron extinguirse su principal instrumento financiero.

Cajas politizadas

Durante aquellos inquietantes años, la sociedad española asimiló la idea de las cajas como entidades al servicio de los políticos autonómicos, representantes éstos de sus propias ansias megalomaníacas antes que de los intereses de las respectivas comunidades. La idea fue evolucionando hasta propiciar algunas convenciones prácticamente unánimes. Una de ellas, que el modelo de cajas de ahorros estaba caduco, que su peculiar personalidad jurídica carecía de sentido y que su politización suponía poco menos que una tentación difícil de sortear. De manera más o menos intencionada se ignoró que el sector de Cajas llevaba años comiendo cuota de mercado al de Bancos y que bastantes de sus entidades ofrecían, y lo siguen haciendo bajo un paraguas jurídico distinto, una trayectoria inmaculada.

Por otra parte, se intentó trasladar a la opinión pública que el problema acuciaba únicamente a las cajas de ahorros, es decir, los bancos estaban libres de pecado y, en consecuencia, tampoco había penitencia que imponerles. Desde Zapatero hasta De Guindos, el mensaje se repetía invariable: la solvencia de los bancos españoles estaba garantizada.

En pleno ambiente justiciero, el Ministerio de Economía, con Elena Salgado al frente, se sacó de la chistera un conejo que nació muerto, las llamadas SIP. Algún día se sabrá si aquello se trató de una broma de mal gusto, de un disparate bienintencionado o de una sutil maniobra de la señora ministra. El caso es que las apodadas “fusiones frías” no sirvieron más que para confundir aún más al personal y agravar notablemente la ya delicada situación de las Cajas de Ahorros. Y bueno, las SIP dieron lugar rápidamente a cajas fusionadas que se sabían sentenciadas a transformarse en Bancos, lo cual terminó sucediendo ya con De Guindos como arquitecto mayor. En pocos meses, el sistema se había reseteado por obra y gracia de la burbuja inmobiliaria.

Bankia, Novagalicia y Popular

Repasemos tres de los casos más reseñables de esta crisis, uno de ellos el que acaba de llevarse por delante al Banco Popular. Empecemos por Bankia:

 

Mariano Rajoy y Rodrigo Rato.

Mariano Rajoy y Rodrigo Rato.

 

Hay decisiones regulares, malas, pésimas y, después, está la creación de Bankia como fusión de dos grandes Cajas quebradas –Cajamadrid y Bancaja–, la una madrileña, valenciana la otra, y ambas gobernadas por el Partido Popular. Este último factor, que carece de cualquier valor financiero, resultó el motivo central para cerrar la operación. Se asignó al príncipe Rodrigo Rato, que buscaba puesto tras su estampida del FMI, la labor de relanzar la actividad y al bueno del exvicepresidente de Aznar no se le ocurrió mejor solución que maquillar las cuentas y sacar la entidad a Bolsa. Con esto hubo de engañar a unos cuantos miles de ahorradores incautos pero, ya se sabe, se trataba de demostrar una intrepidez a prueba de populares y demás especies depredadoras. El Estado terminó poniendo algo así como 20.000 millones de euros, una cantidad salvaje que daría para crear, tirando por lo bajo, 500.000 puestos de trabajo. Lo cierto es que Bankia mantiene su carácter público, el Estado cobra cada año unos jugosos dividendos y cuando se decida a vender su parte, recuperará un pico no desdeñable de aquellos 20.000 iniciales.

 

José María Castellano y José Luis Gómez. / Área Pública TVG

José María Castellano y José Luis Gómez. / Área Pública TVG

 

Fruto de la fusión de las dos Cajas de Ahorros gallegas, se creó Novagalicia. En un principio, se había calculado que una inyección de 1.162 millones resultaría suficiente para mantener vivo al enfermo. Al año siguiente, hubo que insuflar otros 2.465 millones y para el tercero, el FROB (¿se acuerdan del FROB?) aún hubo de desembolsar otros 5.425 más. La sucesión de transferencias dejó en evidencia, sobre todo, un hecho doble: que encontrar el fondo de los agujeros contables no debe de ser tarea fácil y que los sistemas de auditoría y control del sector financiero español no semejaba demasiado de fiar. Pues tras una rocambolesca operación interna, el tándem Castellano-González Bueno se hizo con las riendas de la situación, lo cual no hizo sino perjudicarla un poco más si cabe. El problema principal fue que a De Guindos nunca le agradó la tal pareja, y ahí tal vez demostró cierta agudeza visual. El superministro se lanzó a la piscina de la privatización, y lo hizo en el peor momento y de la peor manera. Su precipitación quedará en los anales de las más horrorosas precipitaciones. La intención parecía ser regalarle la Entidad a Caixabanc y resultó que se la quedó un venezolano avispado que enseguida avizoró la oportunidad. En resumidas cuentas: el Estado (o sea, todos nosotros) perdió 8.500 millones de euros y el señor Escotet realizó la operación más rentable del siglo (no puedo comprobarlo pero me atrevería a apostarlo). Otra estimación personal: si Luis De Guindos hubiese esperado un par de añitos nada más, la pérdida se reduciría a menos de la mitad.

 

Ángel Ron y José María Arias. / economiadigital

Ángel Ron y José María Arias. / economiadigital

 

Y por fin el Popular. El exbanco del Opus adquirió (o absorbió, o integró, o se hizo con) el Banco Pastor en 2011 en una operación que resultó paradigmática: en ella, perdieron todos. La fórmula utilizada fue un cruce de acciones a partir de unas valoraciones más que discutibles, que en principio podrían beneficiar a los propietarios del banco gallego si no fuese por el formato empleado. El balance del Popular, ya frágil en aquel momento, recibió las nuevas cuentas con mala cara; por el otro bando, muchos afirmaban que el Pastor se había entregado a cambio de nada. Han pasado seis años de aquello, tiempo suficiente para que Gobierno o BCE (única entidad supervisora europea desde 2014) hubiesen tomado cartas en el asunto. Pero no lo hicieron. En su lugar, han permitido el deterioro progresivo y últimamente acelerado de la situación patrimonial del banco, han favorecido con su pasividad las incertidumbres sobre el valor real de sus activos, y ya en estas últimas fechas, han facilitado el compromiso inasumible de su liquidez. Es decir, no han actuado hasta que la situación se tornó inapelable. Parece que el BCE y el llamado MUR (Mecanismo Único de Resolución) no atesora tampoco entre sus cualidades la gestión del timing.

El Santander pasaba por allí. Se ha hecho con el Grupo Popular por un euro. Tiene capacidad para absorber a la fenecida organización y conseguir que produzca resultados positivos incluso a corto plazo. Se habla también de un favorable impacto reputacional imposible de evaluar. Cabría la duda sobre el efecto financiero neto tras la ampliación que se verá obligado a convocar. La Bolsa, que ha premiado al banco con una subida superior al 5%, parece tenerlo bastante claro.