La aritmética parlamentaria deja en el aire el Presupuesto, incluida la tasa de reposición

El varapalo parlamentario que acaba de sufrir el Gobierno de Mariano Rajoy, al no lograr convalidar el decreto de los estibadores, puede marcar un antes y un después en la aritmética ordinaria del Congreso.  La gran coalición de facto que venían practicando el PP y el PSOE se ha roto a causa de los movimientos estratégicos de Susana Díaz en su camino hacia la secretaría general de los socialistas.

Y en estas están en un momento crucial para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. De momento, aún sin presentar por parte del Gobierno, son pocas las esperanzas de que el proyecto de ley salga adelante con los votos favorables de los socialistas, al menos mientras el PSOE no abandone la situación de interinidad en la dirección. Y para entonces se estará pensando ya en las cuentas de 2018.

Y, hablando de interinos, de los de verdad, ¿qué efectos tiene sobre ellos la prórroga automática del presupuesto de 2016? Pues uno fundamenta: está sin aprobarse la tasa de reposición de los funcionarios públicos.

Mientras no se avance en la negociación o Hacienda no lo arregle de otra manera, que puede, seguirán sin poder convocarse las oposiciones con garantía jurídica suficiente

Mientras no se avance en la negociación o el Ministro de Hacienda no lo arregle de otra manera, que puede, seguirán sin poder convocarse las oposiciones con garantía jurídica suficiente en servicios clave como la educación y la sanidad. La última Conferencia de Presidentes dejó claro que el Gobierno ha de adoptar las medidas oportunas para atender las necesidades de los sectores prioritarios de las comunidades autónomas y ello lleva implícita una redefinición de la tasa de reposición. Más allá del acuerdo salarial y de una apuesta plurianual que está negociando con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), está en juego también la autonomía de las comunidades autónomas. ¿Por qué?

Muchas comunidades están aplazando la convocatoria de oposiciones este año mientras no haya orden del Ministerio de Hacienda en la que se indique la tasa de reposición y garantice así la legalidad de las pruebas. Echando la vista atrás, aunque esta situación nos parezca nueva, no lo es. La limitación para cubrir las vacantes en la administración no existe desde siempre, fue una opción política para ajustar las cuentas a mediados de los noventa. En el año 1996, cuando Aznar tomó las riendas del Gobierno y tuvo como principal encargo cumplir los objetivos de Maastrich, puso el foco en dos cuestiones: hacer caja con la venta de los activos públicos e introducir una restricción en el capítulo 1 del presupuesto, los gastos de personal. Era la primera vez que se aprobaba una tasa de reposición del 25%, es decir, que de cada 100 funcionarios jubilados, se cubrirían 25 plazas. Junto con esto, se congelaron los salarios y se establecieron los límites de la masa salarial.

Rajoy, además de situar la tasa de reposición en el 0% en 2015 –salvo para sectores prioritarios–, puso en marcha mecanismos de control estricto dirigidos a las comunidades autónomas y las entidades locales

Este instrumento, tan válido como otros, se prorrogó en el tiempo y fue utilizado por los sucesivos gobiernos, de  Zapatero y de Rajoy. El socialista, en lugar de eliminarlo, lo neutralizó en la etapa de bonanza  –situó la tasa de reposición en el 100%– y lo recuperó cuando le vinieron mal dadas. De igual modo hizo Rajoy, que, además de situar la tasa de reposición en el 0% en 2015 –salvo para sectores prioritarios–, puso en marcha mecanismos de control estricto dirigidos a las comunidades autónomas y las entidades locales.

De ahí la amarga situación de algunas regiones sobre las interferencias centrales en su autonomía Pero no nos dejemos llevar por la anécdota. Allende del juego político que se puedan traer el Gobierno central con las comunidades autónomas, lo cierto es que este mecanismo responde a un modelo concreto de sector público. ¿O es que las restricciones presupuestarias se han visto acompañadas de un control semejante del capítulo 2, léase, compra de bienes y servicios? No, ¿verdad?.

¿Será más bien que el Gobierno prefiere que sean las entidades privadas las que presten los servicios sanitarios y educativos para después comprárselos? A lo mejor, por encima de las razones presupuestarias están las opciones políticas. Lícitas sí, pero que no han de esconderse tras la sombra de la tasa de reposición.