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Ante la amenaza de nuevos recortes, se impone el aumento de ingresos públicos

La financiación del crecimiento debe venir, entre otras fuentes, del aumento de ingresos en las cuentas públicas por la incentivación de la progresividad fiscal.

Ante la amenaza de nuevos recortes, se impone el aumento de ingresos públicos
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Marcelino L. Fernández Mallo

Marcelino L. Fernández Mallo

Economista con larga trayectoria en el sector financiero, fue coordinador del área de Economía de MUNDIARIO, donde actualmente es columnista. También colabora en otros medios de comunicación y es autor de novelas como A trenza, Klásicos o Pallarega, en lengua gallega, y El Danubio no pasa por Buenos Aires, en lengua castellana.

Hace unas semanas publicaba el artículo “Los mercados parecen ignorar las actuales oportunidades de crecimiento” en el cual señalaba las múltiples vías que existen para estimular el crecimiento de la economía mundial y que, en resumidas cuentas, serían:

– La transformación de las ciudades, empresas, viviendas y medios de transporte para combatir el cambio climático

– El desarrollo de las fuentes de energía renovables y del almacenamiento energético

– La potenciación del I+D en las economías del mundo más reacias a la inversión en este campo

– La reducción de la desigualdad entre las regiones del planeta

– Asimismo, la disminución de las desigualdades sociales que lastran la demanda

Finalizaba el artículo anunciando una colaboración posterior en la que se trataría el modo de financiar las acciones que habrían de estimular los anteriores vectores del crecimiento. Pues bien, a continuación se encuentra el texto que responde a aquella promesa.

La financiación del crecimiento

Permítaseme traer a colación dos frases de artículos publicados recientemente en MUNDIARIO. La primera, del profesor de la Universidad de A Coruña Xaquín Álvarez Corbacho, que dice así: “Si la desigualdad crece por razones diversas (acumulación de beneficios, fraude tributario, abusos laborales, privatizaciones, concesiones administrativas, corrupción, etc.), la pobreza aumenta, la riqueza se concentra y la desigualdad aflora con descaro.” La segunda, complementaria de la anterior, es del periodista cubano afincado en Miami, Andrés Hernández Alende: “Solo 62 personas tienen tanto dinero como la mitad de la población mundial... el crecimiento de la desigualdad se está acelerando, y las élites económicas se niegan a pagar los impuestos necesarios para reducir la inequidad”.

Las atinadas sentencias anteriores apuntan con nitidez hacia las políticas que permitirían financiar el crecimiento. Sería ese conjunto de medidas que movilizase los fondos cautivos en manos de los que más tienen y que revirtiese ese proceso dañino con la prosperidad que es el aumento de la desigualdad. Hablamos, por supuesto, de la reducción drástica del fraude por todos los medios posibles, de la eliminación de paraísos fiscales, de la fijación de unas tasas mínimas de tributación a las multinacionales con independencia de la localización de sus sedes, de la disminución de la competencia fiscal entre territorios, de la implantación de sistemas de distribución de beneficios entre los trabajadores, de la incentivación de la progresividad fiscal, etc. Programas así diseñados propiciarían la captación de fondos suficientes para financiar proyectos de inversión necesarios para reanimar el crecimiento sostenible en el mundo y permitirían la redistribución de la riqueza imprescindible para el estímulo de la demanda global.

La potenciación de los vehículos o instrumentos de inversión se constituye en otra vía de financiación del crecimiento que apenas se ha explorado. Hablamos de la creación de sociedades de inversión en proyectos de desarrollo de capital mixto –público y privado– con ventajas fiscales. Imaginemos que se sustituyen las actuales SICAV, que sirven exclusivamente para eludir el pago de impuestos de las grandes fortunas, por vehículos financieros especializados en proyectos contra la pobreza y a favor del desarrollo, así como de inversión en I+D y ciencia, cambio del modelo energético, tecnología, innovación y productividad, medioambiente y alimentación ecológica, salud y bienestar personal, entre otras líneas de prosperidad sostenible. ¿Cómo llevarlo a cabo? Aumentando la presión fiscal sobre las rentas altas y las sociedades y dirigiendo parte de esa recaudación extra a este tipo de sociedades de modo que el contribuyente se pueda a su vez beneficiar directamente de los proyectos financiados con sus tributos.

No olvidemos, por último, una fuente esencial de financiación de las políticas de crecimiento: la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. Siendo un eje fundamental de la gestión pública, existen innumerables ejemplos de mal uso de los fondos disponibles cuando no incluso de malversación como, tristemente, podemos atestiguar los residentes en este país del sur de Europa.

El caso español

Precisamente España supone un caso prioritario en la urgencia por aplicar políticas como las señaladas en los párrafos anteriores. Los últimos años han sido un ejemplo calamitoso de deplorable gestión pública, con fondos dilapidados en iniciativas faraónicas alimentadas por el ansia de perpetuación en la memoria colectiva de politicastros de mirada torva y sonrisa zafia. Estimamos que los pagos derivados de las comisiones ilegales, el fraude, los sobrecostes y la megalomanía de esos dirigentes puede oscilar entre los 20.000 y los 30.000 millones de euros. Aun así, habría que sumar aquel infausto “Plan E” de Zapatero para que las cuantías se acercasen al monto que exigió el rescate bancario. Para colocar las cosas en perspectiva, el importe completo de dicho “Plan E” equivale a lo que el Estado perdió solo con su intervención en Novagalicia.

En suma, estaríamos hablando de unos 80.000 millones de euros a disposición de las Administraciones Públicas españolas. Lo cual daría para financiar un robusto y prolongado plan de inversión capaz de revitalizar la desequilibrada y agrietada economía española. ¿Qué hacer a día de hoy? Bien, además de garantizar un uso eficaz de los recursos, sí es posible racionalizar el gasto público actual que se pierde por una organización territorial obsoleta e ineficiente. Eliminar las decimonónicas provincias y sus organismos correspondientes, las diputaciones, parece una decisión evidente. Pero igualmente lo sería dejar en 1.000 el número actual de 8.115 municipios que existen en España. Bastaría con exigir un mínimo de 10.000 habitantes por ayuntamiento. El miniaturismo municipal es una aberración y resolverlo implicaría liberar cuantiosos recursos al tiempo que se generarían organismos más capaces de abordar políticas económicas de alguna trascendencia.

La necesidad de reformar la política tributaria que mencionábamos hace un momento adquiere en España carácter de exigencia fundamental. España recauda sobre el PIB 9 puntos menos que la media de la Unión Europea, auténtico lastre para nuestra economía. La persecución decidida del fraude, la equiparación en el tratamiento de las rentas del capital y del trabajo, la elevación de la tarifa en las rentas mayores, la recuperación de impuestos retirados y la imposición de unos tipos tributarios mínimos para las sociedades, entre otras medidas, forman parte de un paquete que se nos antoja inexcusable. Eso o la aceptación de nuevos recortes.