La Fiscalía presenta la querella contra Artur Mas por cuatro delitos en el 9-N

La tensión política se desplaza a la justicia, al acusar el Fiscal a Mas de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. También va contra la vicepresidenta y la consejera de Educación.

De la tensión política a la justucia. La fiscalía ya presentó ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N.

En la demanda, presentada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, se pide que el juez cite como imputados a los querellados y que reclame todo el expediente de este proceso. El fiscal jefe catalán ha tenido que presentar la denuncia por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Cataluña) a acusar al presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La querella, de 30 folios, explica que el 9-N se celebró una consulta "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat en la que se preguntó si esta comunidad autónoma era un Estado y si se debía declarar independiente. La convocatoria fue "articulada" a través de una página web. Estas actuaciones, según el escrito del ministerio público, se llevaron a cabo a pesar de la suspensión dictada contra las mismas por el Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre. Denuncia que Mas y las otras dos personas querelladas "en abierta y franca oposición" al decreto de suspensión del Constitucional llevaron "hasta el final el acto suspendido".

El fiscal entiende que esta actuación es constitutiva de un delito de usurpación de funciones públicas porque lo que se ha puesto en juego "es la vigencia de las decisiones del Constitucional en el territorio de Cataluña". También de una prevaricación administrativa continuada porque "las múltiples decisiones adoptadas no pueden ser reputadas como actos políticos". Y de malversación de caudales públicos porque desde el Govern de la Generalitat "se ordenaron actos que generaron gastos al erario público". En la querella se plantea que en el 9-N se gastaron, al menos, nueve millones de euros, destinados a la campaña de publicidad institucional, según diversos medios.